Piden dejar sin efecto la facultad del Presidente de la República para nombrar o destituir a Comisionados del IAIP

Un grupo de ciudadanos llegaron a la Corte Suprema de Justicia este miércoles a presentar una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 52 y 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

Idalia Zepeda, del FMLN, explicó que se están “violando principios constitucionales”, al permitir al Presidente de la República la facultad para nombrar a los oficiales de las unidades de acceso a la información pública de las dependencias del Ejecutivo y nombrar o destituir a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información (IAIP).

“Nosotros creemos que se debe fortalecer la institucionalidad del Estado y respetar la independencia de este Órgano tan importante. Es necesario que haya un ente contralor de las decisiones que tomen las oficinas de acceso a la información. Y el IAIP no solo debe mantener su independencia, si no asegurar el derecho ciudadano de tener acceso a la información pública”, enfatizó.

El Diputado del FMLN, Gustavo Acosta, sostuvo que “es ilógico” que el Ejecutivo tenga control de la información, siendo el Órgano garante de ejecutar los recursos públicos.

“Es ilógico que sea el Ejecutivo el que cambie el reglamento, nombra a los 84 oficiales de acceso a la información y cambia a los miembros del IAIP, se convierte en juez y parte, hay una violación de parte del Presidente de la República al acceso a la información pública con la intención de ocultar los malos manejos de los fondos públicos”, explicó.

Ambos demandantes coinciden en que se viola el principio de acceso a la información y el derecho a la libertad de información, en específico, la relacionada a las actividades del Estado. 

En ese sentido, esperan que el máximo tribunal constitucional resuelva a su favor y declare nulos los artículos. Y mande a legislar un mecanismo «plural, garantista y democrático».

Tanto Zepeda como Acosta, citaron hechos recientes como el cierre de la convocatoria a elección de ternas de representantes del sector de periodistas, separando del proceso a organizaciones como la APES (Asociación de Periodistas de El Salvador). Así como la remoción de una comisionada suplente del IAIP.