Diputados recomiendan destituir a Merino Monroy por «permitir la instrumentalización de la Fuerza Armada» el 9 de febrero

Punto

Con 51 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó recomendar al Presidente Nayib Bukele la destitución del Contralmirante Francis Merino Monroy como Ministro de Defensa Nacional por los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero en la denominada militarización de la Asamblea Legislativa, esto como conclusión de la Comisión Política a la interpelación del funcionario el pasado 21 de agosto.

De acuerdo con el dictamen aprobado por los diputados, la destitución del funcionario corresponde a que incumplió sus atribuciones constitucionales y accedió a una «instrumentalización» de la Fuerza Armada.

El legislador de ARENA, Mauricio Vargas, sostuvo que «el 9 de febrero es una fecha nefasta para la democracia salvadoreña».

Además, expuso que «Se ha utilizado armas para silenciar a los diputados, a la Fuerza Armada para imponer por la fuerza una acción ilegal, inconstitucional, que no puede pasar desapercibida de este pleno, menos de ustedes, pueblo salvadoreño, estamos retrocediendo 50 años. Esa imagen del presidente rodeado de militares debemos tomarlo como una señal de alerta, el ministro de defensa se extralimitó al acompañar y acuerpar al Presidente a tomar esta Asamblea».

Por su parte, Rodolfo Parker del PDC aseveró que la Fuerza Armada fue determinante para los eventos ocurridos el 9 de febrero, que ha sido denominado con un intento fallido de golpe de Estado.

No obstante, parte de los diputados se refirieron a la posición del Presidente Bukele donde aseveró que no haría caso a la recomendación y no destituiría a Merino Monroy.

«Existen otras vías para procurar la justicia», dijo Ricardo Velásquez Parker.

El legislador tricolor solicitó la certificación del acta que se levantó de la interpelación del Ministro, pues se comprometió a que con un grupo de abogados plantearían una querella ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que se defina que los acontecimientos del 9 de febrero no vuelvan a ocurrir.

«Sea que el Fiscal [Raúl Melara] se haga el de los panes o que actúe, estoy decepcionado con sus declaraciones, si él no va a hacer lo que corresponde, que sea la Corte Suprema de Justicia para que haya justicia para definir que no se van a repetir […] Pude ver sedición, rebelión [actuación del ministro]», señaló Velásquez Parker.

Dictamen de la Comisión Política

Además de dar el recomendable para la destitución de Merino, se coincidió comunicar a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre posibles delitos cometidos por Merino Monroy en el orden constitucional el 9 de febrero y ante «desobediencia» al no responder las preguntas hechas en la interpelación.

También se comunicará sobre esta conclusión a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a su Secretario General, Luis Almagro, para que se convoque al Consejo Permanente para analizar la situación de la «militarización».

Así también, se dará a conocer esta conclusión Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al cuerpo diplomático del país y al Congreso de Estados Unidos.

«Militarización de la Asamblea»

El pasado 9 de febrero se realizó una convocatoria del Concejo de Ministros a los diputados para sesionar y aprobar los $109 millones de la Fase III del Plan Control Territorial, mismo que contó con la llegada del Presidente bajo un amplio dispositivo policial y militar que ingresó hasta el Salón Azul del Palacio Legislativo.

La irrupción del Ejército en el Congreso, fue considerada como una medida de presión, misma de la que dio declaraciones el Primer Mandatario a un periódico internacional, siendo el resultado de una serie de enfrentamientos entre el Legislativo y la Presidencia por definir la aprobación del préstamo, hecho que fue determinado como una ruptura al esquema de diálogo entre Órganos de estado y violación al orden constitucional en el principio de independencia de poderes y el orden público.

De acuerdo con el dictamen que fue preparado por la Comisión, el relato inicia desde días antes al 9 de febrero, específicamente el 7 de febrero con el retiro de los agentes de la División de Protección de Personalidades Importantes (PPI) asignados a los diputados del Parlamento.

Según el documento, estas actividades habrían sido planeadas como acto de presión para sesionar y aprobar el préstamo.

Además, se hizo mención a la afirmación del Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, que la seguridad del Parlamento pasó a manos de la corporación policial y de la Fuerza Armada, de acuerdo con los informes presentados por el Jefe de Seguridad del Congreso a la Junta Directiva.

Asimismo, fundamentaron las razones que guiaron a realizar la interpelación al Ministro Merino Monroy, que se basó en el «allanamiento» del Salón Azul por un operativo militar y la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) para dar ingreso al Presidente Bukele, lo que «constituye un rompimiento institucional, uso excesivo de las fuerzas de seguridad, bajo un supuesto dispositivo de seguridad».

«El Presidente (Nayib Bukele) realizó los actos de apertura de la sesión plenaria sin tener las facultades, usurpó la silla del Presidente de la Asamblea Legislativa», relata el dictamen.

Hecho que categorizaron como la usurpación de atribuciones constitucionales y rompimiento del sistema republicano que se realizó mediante el uso de la Fuerza Armada.

En cuanto a la interpelación, exponen que el funcionario «respondió de forma evasiva, desconociendo lo que había pasado como un operativo militar, no dijo quien lo ordenó, pero está claro que fue orden del Batallón Presidencial».

Añaden que evadió preguntas y atacó a la diputada Dina Argueta del FMLN, lo que conformaría un delito de expresiones de violencia contra la mujer.