Acusan a Funes y Sánchez Cerén, y a dos de sus ex Directores del ISSS por irregularidades en el Hospital de San Miguel

Las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) denunciaron este lunes, a las dos administraciones anteriores, por avalar una licitación irregular para construir el Hospital Regional de San Miguel.

“Tenemos goteras, infraestructuras deterioradas por años, y áreas nefastas y deterioradas. Ha sido la caja chica de muchos, porque se han dedicadas a vaciarla”, aseveró la Directora del ISSS, Mónica Ayala.

Según Ayala, con fondos propios, la institución suscribió, entre 2009 y 2019, un contrato de construcción con la empresa IBT Group (investigada en siete países por delitos de corrupción), sin que ésta terminara la obra, y que le costó al Estado salvadoreño $120 millones.

Ayala relató que Leonel Flores, ex presidente del ISSS del Gobierno de Mauricio Funes, negoció con la oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), la adjudicación del proyecto a IBT Group, sin contar con el aval de la Cancillería ni de Funes.

“¿Por qué se buscó eludir este paso? Porque iban a tener todos los mecanismos para evitar ser supervisados tanto por la Corte de Cuentas, y contar con los mecanismos ilegales de corrupción para mover los fondos y triplicar el monto de lo que el Hospital iba a costar”, señaló la funcionaria.

La Presidente del ISSS, aseguró que el proceso de selección de la empresa IBT, se realizó de forma exprés a pesar que 29 sociedades retiraron las bases, pero la firma italiana fue la única que ofertó.

“Las otras 28 empresas se quejaron de los tiempos, la tramitología era exagerada y había falta de capacidad para cumplir los requisitos financieros, osea que había sido arreglada para que esta empresa ganara la licitación. El ISSS destinó a UNOPS, para que esta privilegiara a IBT a través de licitaciones, contrataciones de servicios, obras constructivas, manejo de fondos, supervisión, resolución de conflictos, adquisición y bienes y suministros”, señaló.

El mecanismo se volvió a repetir en 2015, dijo Ayala. Ricardo Cea, quien presidió la autónoma en la administración de Salvador Sánchez Cerén, instruyó a la institución a firmar un acuerdo complementario con UNOPS para ejecutar fondos para el desarrollo del nosocomio.

Esta operación se repitió en tres ocasiones, e hicieron que el proyecto pasara de $59.2 millones a $83 millones en ajustes contractuales, mediante enmiendas sin respaldo, aseguró Ayala.

El 15 de mayo de 2019, UNOPS informó que había un inadecuado servicio de supervisión por parte de Cal y Mayor y despidió al representante y personal clave de la compañía. “Sin embargo estas deficiencias no fueron corregidas”, dijo Ayala.

El Hospital de San Miguel, se encuentra a un 98% de ejecución, y se han encontrado 824 hallazgos estructurales en los siete edificios que componen el complejo médico.

“El ISSS excluido del proyecto contrató a través de UNOPS a IBT y CAL y Mayor (empresa supervisora de la construcción del Hospital). El acuerdo ilegal aislaba a la contratista que es el ISSS, para tener el control, supervisión y reclamos, no podemos ni reclamar”, apuntó Ayala.

El UNOPS y el ISSS de aquel entonces no declararon la contratación desierta, y por el contrario, promovieron la licitación y adjudicación a IBT, cuyo representante es José Ramón Brea.

Sobre este empresario, Ayala dijo que vino a El Salvador “a darle vida jurídica a esta trama de corrupción del FMLN” y se asoció con Joaquín Alvíz, señalado por Interpol por la corrupción de ANDA en 1999 a 2004. “Podemos inferir que estos dos señores, han tenido parte muy importante y tienen gran cantidad de millones de los derechohabientes”.   

                                           El acuerdo ilegal

Mónica Ayala mencionó que el ISSS y la empresa IBT establecieron en el acuerdo que la autónoma salvadoreña, se hará responsable de gastos adicionales que surjan en el proyecto, así como cargaría con los honorarios por arbitraje, multas o gastos imprevistos.

Además, exonera a UNOPS por responsabilidades legales de los diseños y defectos que la obra presente y el ISSS se somete a cubrir los riesgos o consecuencias de los contratos de UNOPS.

                                    Contrato no tiene validez legal

Para el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, la firma de una contratación a nivel internacional, era necesario que existan “plenos poderes” y se incurrió en una ilegalidad, cuando el ISSS adquirió esa facultad.

“El Presidente o la Canciller, tendrían que otorgar facultades al funcionario, en este caso, el director del Seguro que va a comprometer y obligar al Estado con fondos públicos en una contratación de esta magnitud”, destacó.

“UNOPS, que se encarga de administrar estos tipos de contratos, estaba en perfecto conocimiento de esto, y aun así accedió a que se firmara un contrato sin tener plenos poderes, este contrato no tiene validez legal”, añadió Castro. Y afirmó que iniciarán un arbitraje internacional.

                                       Arbitraje desde 2019

Castro reveló que desde el año pasado, El Salvador sostiene un litigio legal contra la empresa a través del bufete jurídico Sáenz y Asociados, sin que a la fecha hayan dado un reporte de la diligencia.

“Nos siguen viendo la cara y siguen gastándose el dinero del pueblo. Sáenz en diferentes ocasiones, el Seguro Social ha pedido información tanto a UNOPS, y ahora entendidos al despacho Sáenz se le pedirán informes, porque a la fecha lo único que se ha presentado es un informe de cómo se ha gastado el dinero en tres parrafitos, no puede ser que siendo el Estado de El Salvador, el directamente afectado no tenga conocimiento del arbitraje”, denunció.

El jurista agregó que cuando el ISSS quiere conocer las condiciones contractuales con UNOPS, esta no proporciona los atestados, porque hay una cláusula de confidencialidad del arbitraje.

“Por favor, si es el Estado de El Salvador, y el Seguro Social como emisor del pago tiene todo el derecho de conocer qué está pasando en dicha contratación y en dicho arbitraje, no tenemos conocimiento de qué está pasando en este arbitraje”.

                                        El costo del Hospital

El sanatorio de San Miguel costaría inicialmente $59 millones, pero a medida que se modificaron los acuerdos, la cantidad pasó a $83 millones.

Debido a que se trata de una empresa internacional, el acuerdo contempla el pago de impuestos por parte del Estado salvadoreño, que asciende al 20% del costo. Lo que refleja $16 millones.

Asimismo, El Salvador ha pagado en tres meses $17 millones por el arbitraje internacional para cancelar el contrato con IBT. Adicionalmente, $789 mil al Buffet Sáenz, más $750 mil a Cal y Mayor y el resto para pagar a las 22 empresas que IBT subcontrató para desarrollar el proyecto.  

                                       Aviso en Fiscalía

Ambos funcionarios informaron que este martes, presentarán un aviso de investigación ante la Fiscalía General de la República sobre las irregularidades.

Adicionalmente pondrían un aviso del posible cometimiento de omisión de aviso, debido a que otros miembros de la junta del ISSS, no denunciaron el arbitraje.

“Creemos que en la junta directiva del Seguro Social, se encuentran representantes de ANEP, y nadie se pronunció, debieron haber avisado a la Fiscalía y no dijeron nada, están tapando la corrupción y no se va a permitir”, esgrimió Castro.

Además, no descartan acusar al Buffet Sáenz. “Ellos hacían un informe de gastos cada mes, y así es como avisaron a la actual administración que habían gastado en asesorías legales $189 mil dólares al mes, porque están próximos a pedir dinero. No sólo ocultaron la información al ISSS, si no los derechohabientes cuyo dinero es usado para el pago de este arbitraje”.

“El pago por el litigio en el que hay abogados que no representan al Gobierno, no a esta administración es por $16.1 millones, lo lesivo de este acuerdo, es que el ISSS cargará los riesgos de la operación”, advirtió.

UNOPS también podría ser señalada: “De ser necesario presentaremos un arbitraje internacional”, subrayó el funcionario.