La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de amparo que fue interpuesto por trabajadores de la Asamblea Legislativa ante el retraso del pago de salarios por parte del Ministerio de Hacienda.
Con la admisión, el Máximo Tribunal emitió medidas cautelares que deben ser cumplidas por Hacienda; la primera era la relativa en que si no se había hecho efectivo el pago a la fecha de la resolución, el titular Alejandro Zelaya debía hacer las gestiones administrativas y financieras para hacer la transferencia de fondos.
Además, se ordenó que ante la posible repetición de este retraso al Parlamento o a otra institución estatal, Hacienda deberá incluir al sector público en un Calendario de Pagos definido para asignar las fechas de transferencia de fondos, mismo que deberá ser informado mensualmente a la Sala mientras dure el proceso.
Asimismo, en tres días hábiles, el Ministro de Hacienda, el Director General de Presupuesto y el Director General de Tesorería, deberán rendir un informe, cada uno por separado, acreditando los motivos financieros, técnicos y objetivos por los cuales se retrasó la autorización de fondos.
Este deberá contener el informe de recaudación y estado de cuenta diario de ingresos y egresos tributarios y no tributarios, tanto de ingresos corrientes, ingresos de capital, financiamiento e ingresos por contribuciones especiales, de la caja fiscal correspondiente a los meses de abril a septiembre de 2020; así como la programación del pago de remuneraciones de los seis meses anteriores junto a su fecha de transferencias y copia certificada del calendario de pagos de abril a septiembre, así también, la copia certificada de la constancia de comunicación con Asamblea Legislativa y otras instituciones.
También, el Presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez, deberá rendir un informe en el mismo plazo, sobre las gestiones del Ministerio de Hacienda sobre la autorización de fondos para el pago de salarios de la Asamblea Legislativa en septiembre de 2020.
Los magistrados ordenaron al titular de Hacienda que en 24 horas debe informar si los hechos y omisiones atribuidas son ciertas; es decir, el impago y que haya sido motivado por la falta de recursos, habiendo declarado que si los trabajadores querían que se hiciera efectivo el pago, que solicitaran a los diputados aprobar préstamos.
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Finalmente, si los involucrados en las medidas cautelares no cumplen, la Secretaría de la Sala deberá informar al Fiscal de la Corte.