Comisionado acusado de no acatar orden de FGR para desalojar protesta afuera de relleno sanitario, pasa a la siguiente etapa sin detención

Víctor Manuel Herrera, Comisionado Jefe de la Delegación Policial de Apopa pasará a la siguiente etapa sin medidas, dictó este viernes el Juzgado Segundo de Paz de Nejapa. El agente de la Policía Nacional Civil (PNC) es acusado de incumplimiento de deberes.

La Fiscalía General de la República (FGR) señala al oficial de no obedecer una orden para impedir que miembros de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) bloquearan el paso a camiones de basura de la Alcaldía de San Salvador al relleno sanitario ubicado en Nejapa.

Herrera según la resolución, pasará a la etapa de Instrucción sin ninguna medida.

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Mediante comunicación oficial, el Ministerio Público exigió desalojar a los sindicalistas, pues podría configurarse el delito de Limitación Ilegal a la Libre Circulación y delitos contra la salud, y valoró que los agentes podrían caer en una causa penal de no acatar la orden; pese a la advertencia, los elementos de la Policía permitieron que los manifestantes le bloquearan el paso a los carros de la comuna, entre el 28 de septiembre hasta el 6 de octubre, según acusación.

El delito de incumplimiento de deberes, de acuerdo con el artículo 321 del Código Penal, es sancionado con una pena de prisión que oscila entre cuatro y seis años de prisión e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período.

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El fiscal Alfonso Mojica, explicó que se logró esclarecer que el cierre fue “sistemático y selectivo” dado que éste estaba dirigido únicamente a los camiones de la comuna capitalina. También, la FGR constató que hubo presencia policial durante todos los días de cierre, pero no existió ninguna acción para habilitar el paso vehicular, a fin de que no hubiese discriminación en el ingreso de unidades transportadoras de desechos sólidos.

A juicio de la representación fiscal, la omisión de parte del Comisionado representa una transgresión a la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil y el Código Procesal Penal.

 “No tomó en cuenta, entre otras cosas, las previsibles consecuencias medioambientales y de salud que se genera al no recoger oportunamente la basura, especialmente en época lluviosa y en medio de una pandemia”, aseveró el ente fiscal.