Sala solicita documentación sobre las acciones del Presidente Bukele para evitar la impunidad de los autores de crímenes de guerra

Una audiencia oral y de seguimiento para evaluar el cumplimiento de la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz en el año 2016 por la Sala de lo Constitucional, se instaló este viernes 30 de octubre.

Dentro de los citados fue Presidente Nayib Bukele, para explicar las razones del veto presidencial a la «Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional», que fue emitida el 26 de febrero del presente año por la Asamblea Legislativa, así como para conocer el cumplimiento las obligaciones que atribuyó la sentencia en la aplicación de políticas públicas.

En su lugar, el mandatario envió en su representación al asesor jurídico de Casa Presidencial, Ángel Pérez, quien explicó que el veto corresponde a que sobre la base de derechos fundamentales, debe existir proporcionalidad cuando el legislador emita leyes secundarias; no obstante, los violenta al «potenciar impunidad».

«En el decreto regulaciones a disminución de la pena y previsto por el ordenamiento jurídico y todavía encontramos elementos atenuantes que buscan aludir el cumplimiento de penalidad proporcional a los hechos cometidos, estamos en presencia de una inconstitucionalidad, como la edad, enfermedad, cosas imprecisas que quedan a la base de atenuación de la pena. Lo que potencian es impunidad, es contrario a la visión de una justicia transicional», señaló.

Por su parte, el Magistrado Carlos Sánchez, estableció que se centraría en el tema de justicia y cuestionó el papel del Presidente Bukele ante el tema de impunidad como Comandante General de la Fuerza Armada, así como con la Policía Nacional Civil (PNC), que está adscrita al Ministerio de Seguridad como parte del Ejecutivo.

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«¿Qué hace el Presidente en el ámbito de justicia para evitar la impunidad de los autores intelectuales y materiales de los delitos de lesa humanidad?», preguntó.

En un primer momento, Pérez respondió que existen mecanismos internos de la institución militar y de la policía para buscar el respeto de los derechos humanos; no obstante, el Magistrado destacó que no se había comprendido la pregunta y los volvió a formular.

Luego, el asesor presidencial señaló que la Constitución atribuye la investigación de los casos a la Fiscalía General de la República (FGR), dando a entender que no corresponde al mandatario.

«Ante un hecho, el Presidente presta colaboración», dijo.

El magistrado le indicó que necesitarán el «registro efectivo» de estas acciones.

Pérez dijo no entender la solicitud.

«El acompañamiento que dice que hace el Presidente, que lo hagan llegar», replicó el integrante de la Sala. Es decir, la documentación y registros sobre la colaboración que ha brindado el mandatario a las investigaciones sobre los crímenes de guerra.

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