El Mozote: Juez pide a la Fiscalía investigar si el Presidente Bukele, Alto Mando y oficiales incurrieron en delitos al no dejar inspeccionar archivos del Ejército

El Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, certificó a la Fiscalía General de la República (FGR) a abrir una investigación contra el Presidente Nayib Bukele y el Ministro de Defensa Nacional, Francis Merino Monroy por el bloqueo a archivos militares, relacionados con la masacre de El Mozote y Sitios Aledaños en 1981.

En la resolución emitida este lunes, Guzmán reiteró que pese a existir una orden judicial, que ordenaba a las autoridades el 16 de junio, no “desplazar, sustraer, ocultar, destruir o dañar totalmente”, documentos sobre el asesinato de 889 salvadoreños en Meanguera, Morazán, debido a que serían inspeccionados en seis guarniciones militares, en resguardo de la Fuerza Armada salvadoreña.

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Sin embargo, todas las diligencias fueron negadas con el mismo argumento: No había “notificación oficial”, por parte de Defensa y Gobierno para permitir al Juez, peritos, querella, Fiscalía y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos la entrada a los registros.

Otro de los argumentos del Gobierno, que quedó en acta judicial, es que el Presidente Bukele dijo en una cadena nacional, que la revelación de las adendas, ponían en peligro la seguridad nacional.  

Además, el juez hizo hincapié que si bien el Gobierno, entregó en la Cadena Nacional documentos, que supuestamente contienen toda la información relevante a la masacre; este paquete contenían datos con los que ya contaban en la causa penal, que se sigue en San Francisco Gotera.

Guzmán pidió a la FGR, investigar si todos los oficiales que negaron la entrada del Juez, cometieron un delito, asimismo si se fraguó una acción ilegal, la “sustracción de documentos de archivos militares que se debían inspeccionar, cumpliendo medida cautelar dictada”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Sala de lo Constitucional serán notificadas, debido a que ambas instancias pidieron al Estado salvadoreño abrir una causa por la masacre, cuyo principal culpable es el Batallón Atlacatl, que estaba al servicio de la Fuerza Armada el 15 de diciembre de 1981.