CICIES colaboró en investigación del manejo de recursos de la pandemia, confirma Fiscal General

El Fiscal General Raúl Melara reaccionó este miércoles al supuesto bloqueo por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) a los allanamientos realizados en las oficinas del Ministerio de Salud.

Desde la tarde del martes, los agentes se apersonaron a las instalaciones de esta cartera de Estado, ubicada en la Calle Arce de San Salvador, para solicitar a los fiscales las armas que portaban para el procedimiento, pese a que había una orden judicial emanada por el Juzgado Décimo Tercero de Paz para incautar documentación relacionada al manejo de recursos para enfrentar la pandemia.

“No sólo hemos presentado órdenes de registro, sino que ampliación de las órdenes de registro”, aseguró y en referencia al procedimiento de la PNC dijo: “Se trató de obstaculizar el ingreso de fiscales al Ministerio para poder realizar la investigación, posteriormente se conversa con el comisionado García Funes, que estaba a cargo de la UMO (Unidad del Mantenimiento del Orden), le manifiestan al Fiscal que tomarán control perimetral a solicitud del Ministerio de Salud y que no van a interferir dentro del proceso, y al final eso es lo que sucedió”.

“Si lo de ayer fue un intento de amedrentación, eso no va a funcionar”, subrayó.

Melara manifestó en la entrevista de Frente a Frente que el procedimiento se hizo con base a la ley, y gracias al resultado de una investigación llevada a cabo por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES).

“Estos allanamientos que se han realizado son resultado del convenio de colaboración que tenemos con la CICIES, no se había dado a conocer, pero (comisionados de la CICIES) llevaron a la Fiscalía los indicios de irregularidades, bajo los cuales nosotros iniciamos investigaciones y procesos más a fondo”, reveló el funcionario.

Cerca de 80 fiscales participan en este procedimiento. 

De acuerdo con Melara, al menos 13 entidades están siendo investigadas, entre ellas el Ministerio de Salud, Hacienda, Agricultura, Medio Ambiente, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), “no todos son instituciones del Estado, también se ha hecho (investigaciones) a proveedores de servicios”, enfatizó.