Las organizaciones de la sociedad civil Cristosal, Azul Originario y Transparencia – Contraloría Social – Datos Abiertos (TRACODA) sentaron postura ante los allanamientos de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Ministerio de Salud por investigaciones en presuntas compras irregulares, así como la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC).
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De acuerdo con Abraham Ábrego, director de Atención a Víctimas, apoyan el trabajo de la Fiscalía, ya que habría sido fundamentado por una orden judicial; no obstante, aseveró que se debe esperar a obtener resultados, «hay casos que tienen promoción, pero no dan resultados», expuso.
Asimismo, se refirió a la llegada de la corporación policial tras el llamado de Salud por supuestas intimidaciones.
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«Es un atentado al Estado de Derecho la injerencia de la PNC que debe tener coordinación con la investigación, también demuestra falta de comunicación porque llega la policía y no sabe qué está haciendo la Fiscalía, cuando debería dar compañía […] Si la policía se está utilizando para el encubrimiento de funcionarios que estén siendo procesados estamos desnaturalizando el rol de la PNC. Caería en delitos como encubrimiento, incumplimiento de deberes y desobediencia a órdenes judiciales», aseveró.
“Nos parece bien la actuación de la @FGR_SV pero esperamos que se concreten resultados en los procesos”. Dice Abraham Abrego de @Cristosal. @arely_yskl pic.twitter.com/NYkbTPZceH
— Radio YSKL (@radioyskl) November 13, 2020
Por su parte, Gilberto Calderón de Azul Originario destacó que los avisos a la FGR fueron interpuestos por la Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (CICIES); sin embargo, apunta que esta institución aún no es autónoma, pues depende de las solicitudes del Ministerio Público como del Órgano Ejecutivo.
