La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) programó una audiencia de seguimiento de la sentencia del 2012 donde estableció que el Estado salvadoreño debía investigar los hechos en la Masacre de El Mozote, donde la representación del país deberá informar los avances en esta materia el próximo 4 de marzo de 2021.
Esto luego que organizaciones de derechos humanos pidieran a la Corte que aplicara medidas cautelares contra el Estado por la presunta obstaculización a la justicia y posible acciones para encubrir a autores de la masacre.
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Fue la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) quienes expusieron a la CIDH sobre los recientes hechos ocurridos en la inspección a archivos militares para obtener pruebas en la causa penal sobre El Mozote, que fueron bloqueados por la Fuerza Armada.
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Como parte de un mandato judicial, el Juez de la causa Jorge Guzmán programó un calendario de inspecciones en bases militares, no obstante, las actividades no se han realizado debido a la negativa de los oficiales de servicio que no permitieron el ingreso de personal del Juzgado, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Fiscalía General de la República, y organizaciones de víctimas del conflicto armado.
No obstante, la Corte negó la solicitud de aplicar medidas y en su lugar dictó fecha para una audiencia de seguimiento, donde las partes deberán dar sus informes sobre la sentencia.
En 2012, la Corte falló contra el Estado y pidió esclarecer las masacres cometidas, junto con medidas de reparación, resarcimiento social e individual y garantías de no repetición; en 2016 la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional la Ley de Amnistía y se reabre el caso.
«Queda claro que el Estado salvadoreño no está cumpliendo con la sentencia de Corte y que aún sin amnistía está encubriendo a violadores por crímenes de guerra y lesa humanidad, reiteramos al Ejecutivo permita el acceso a esos archivos», señaló el director de Tutela Legal, Ovidio Mauricio.
Asimismo, se argumentó que el Ejecutivo debe probar que los archivos militares no existen, tal como ha sido afirmado y siendo la razón por la que objetan la inspección a los archivos.
Según uno de los abogados acusadores del caso, Wilfredo Medrano, dos oficiales de alto rango declararon en el Juzgado de Instrucción de Gotera, mismo que lleva el caso, sobre la existencia de planes y operativos militares, mismos que eran los responsables de referidos archivos del Estado Mayor Conjunto.
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