Presidente Bukele anuncia que vetará y sancionará parte de los decretos que financiarán el presupuesto 2021

El Presidente Nayib Bukele anunció la noche de este domingo, que parte de los once decretos que aprobó la Asamblea Legislativa para financiar el Presupuesto General de la Nación, serán vetados.

En un video que colgó el mandatario en sus redes sociales, detalla que los decretos, separados al presupuesto del próximo año, garantizarán el desembolso de algunos rubros ya estipulados en la propuesta que presentó el Gobierno en septiembre del 2020.

Estos rubros son:

  • Aumento salarial y nivelaciones de docentes, médicos –incluidos los de primer año-, policías y soldados.
  • Inversión en salud y educación
  • Compra de computadoras para estudiantes del sector público educativo
  • Incremento del presupuesto de la Universidad de El Salvador, que asciende a $20 millones
  • Incremento a pensión mínima
  • Compra de plantas de café a viveristas
  • Atención a primera infancia
  • Refuerzo al trabajo de los consulados
  • Pensión de veteranos
  • Medio Ambiente (sin especificar las acciones)

En cuanto a los decretos que serán vetados, por inconstitucionales según Bukele, se encuentran todos los préstamos que se utilizarían para afrontar los efectos de la pandemia del COVID-19 en el presente año, cuyo destino en 2021 serían para invertir más en el rubro social, obras públicas y seguridad (Plan Control Territorial). Ya que estos, fueron reorientadas por los parlamentarios para el pago de $366 millones a las 262 Alcaldías.

Por ello Bukele anunció que para recuperar el financiamiento “tendremos que esperar a que entre la nueva @AsambleaSV a corregir la plana. Y para que no se detengan las obras, invertiremos lo que nos destinaron para el año, en 4 meses”.

En ese sentido, el Gobernante apuntó que el dinero saldrá del ahorro que realizará la nueva legislatura, y resarciendo los decretos que aprobaron los Diputados el martes 24 de diciembre.

La Asamblea Legislativa aprobó con 58 votos a favor el decreto del Presupuesto General de 2021 de $7,456 millones.

Financiamiento

Previo a aprobar el presupuesto, los diputados aprobaron el financiamiento que tendrá, siendo un déficit de $1,185.8 millones.

Este se prevé que sea cubierto con la utilización de los fondos autorizados bajo el decreto 608 de adquisición de préstamos para la pandemia de COVID-19; que son $1,342 millones; no obstante, $366 millones de estos corresponden al uso de las 262 alcaldías como parte de la designación inicial de estos fondos.

Por lo que el Gobierno solo podrá utilizar $975 millones, donde $125 millones de destinarán al aporte estatal para la cuenta de garantía solidaria para pensión mínima que aumentará de $207 a $305 mensuales este 2021.

Asimismo, se desentramparon préstamos que estaban pendientes en la comisión de hacienda.

Se ratificaron cuatro préstamos: $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), $50 millones también con el BID para el ramo de salud exclusivamente; así como $45 millones para el fortalecimiento de resiliencia climática y bosques cafetaleros y $50 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

También se autorizó la suscripción de un préstamo de $250 millones con el BID y se permitió que el Ejecutivo gestionara más deuda por $138 millones para completar el déficit fiscal.

Aumentos presupuestarios:

$285 millones en aumentos.

  • Universidad de El Salvador – aumento de $20 millones.
  • Tribunal Supremo Electoral (TSE) – aumento de $5 millones para medidas de bioseguridad en elecciones 2021.
  • Fiscalía General de la República (FGR) – aumento de $7 millones para la labor en elecciones (fiscales electorales) en 2021.
  • Corte de Cuentas de la República (CCR) – $5 millones.
  • Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) – aumento de medio millón de dólares.
  • Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) y Procuraduría General de la República (PGR) – $5 millones.
  • Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) – aumento para pensión básica universal $10 millones.
  • Corte Suprema de Justicia (CSJ) – $51 millones.
  • FODES – $98 millones.
  • Pensión y programas para veteranos y excombatientes de guerra – $60 millones de aumento.
  • Otras áreas – $20 millones.

Reducciones

Las disminuciones que realizaron los diputados a líneas presupuestarias del proyecto de Hacienda son de $450.12 millones y se desglosa así:

Se redujo inversión pública en $264 millones, según los diputados debido a que a una comparación que se realizó con presupuestos anteriores, donde los recursos para esta inversión no han llegado al $70% de su ejecución, por lo que se baja $2,220 millones.

Esta reducción no implica al ramo de salud, educación la UES y el FODES.

Presidencia de la República – $47.1 millones de reducción. De esto se baja presupuesto en $16.5 millones al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), $16.3 millones en la administración interna, $5.5 millones a la Secretaría de Innovación.

También se reduce $1 millón a la Secretaría de Prensa de la Presidencia, $4.8 millones a la Secretaría de Comunicaciones, $3 millones en gastos de funcionamiento.

Ministerio de Hacienda – se reducen $27 millones, que comprende la reducción de $6 millones al Fondo de Protección Civil y Mitigación de Desastres (FOPROMID), $14 millones de apoyo al comercio exterior y $7 millones en gastos varios.

Ministerio de Defensa Nacional – baja $15 millones en bienes y servicios.

Ministerio de Relaciones Exteriores – reduce $15 millones de bienes de uso y consumo.

Ministerio de Gobernación – tendrá $1 millón menos en gastos varios.

Ministerio de  Justicia y Seguridad Pública – reducción de 8.9 millones para la compra de vehículos de turismo y en compras de materiales de defensa, fusiles y cartuchos un recorte por $6.9 millones.

Ministerio de Economía – tendrá $3 millones menos de los contemplados para transferir al Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).

Instituto Nacional de los Deportes (INDES) – menos $1 millón de nuevas plazas.

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) – recorte de $22 millones para indemnizaciones.

Publicidad en el Gobierno – $7.91 millones de distintas carteras de Estado.

Consultorías de 17 instituciones de Estado – reducción de $25.6 millones.