Los recursos que serían destinados al Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica (FERRE) fueron transferidos a través de decretos ejecutivos al Fondo de Protección Civil y Mitigación de Desastres (FOPROMID) que posee mayor discrecionalidad y puede evitar el uso de la Ley de Adquisiciones de la Administración Pública (LACAP).
Esto según el reciente informe del Comité de Veeduría y Seguimiento de referido fondo proveniente de los $2,000 millones autorizados a buscar a través de crédito o colocación de bonos para atender la pandemia de COVID-19 en el país.
Los integrantes del comité son representantes de la Universidad de El Salvador (UES), Fundación para el Desarrollo (FUNDE), la Universidad Francisco Gavidia (UFG), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y la Asociación de Auditores Independientes de El Salvador (AIDES).
Según los datos del comité, son $999.3 millones los recursos que tuvo a disposición el Gobierno en el marco del decreto 608 que autorizó los $2,000 millones, contando las transferencias que en primer momento no provenían de préstamos, sino momentáneamente del presupuesto general.
De estos se gastaron $55 millones para cumplir con la contrapartida de FOMILENIO II y $52 millones a pensión de veteranos de guerra, que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa, mismos que no se refieren a la emergencia de COVID-19.
Los $892.3 restantes se canalizaron en su mayor parte en FOPROMID y solo $219,3 millones fueron al FERRE y $191.7 para los 262 municipios, según el comité.
Sin embargo, de los recursos al FERRE ($219,3 millones) a través de decretos ejecutivos se recortó y se dirigió al FOPROMID, quedando $23 millones al fondo original que planteó el decreto. Los movimientos no habrían sido autorizados por la junta directiva que involucra a cinco carteras de Estado, sino que fue de forma directa por el Ministerio de Hacienda.
«Si solo nos quedáramos con el presupuesto serían solo 23.5 millones, pero el objetivo es la transparencia y veeduría, debemos analizar todo», señalaron.
Es decir, el comité argumentó que el decreto 608 contenía el FERRE como la forma en la que se canalizarían los recursos para atender la pandemia bajo un presupuesto extraordinario; no obstante, fue utilizado como presupuesto ordinario a través de fopromid.
«¿Qué faculta este cambio? El Ministerio de Hacienda tiene características diferentes a otras carteras, dentro del presupuesto están transferencias de fodes y deberes del Estado, una interpretación es que en Hacienda creían o creen que esos recursos dentro de Hacienda los pueden transferir a fopromid. Al no usarse el FERRE, sino por fopromid, los mecanismos de control y transparencia son más discrecionales», indicaron el conferencia de prensa.
El comité expuso que aún no han entrado a conocer las compras y el destino concreto de los fondos; pero el mecanismo y la gobernanza de los fondos se ha incumplido.
«Un mecanismo, como fue diseñado tuvo que ser una cosa sencilla, en la práctica se ha complejizado, llegar a los resultados no ha sido fácil, se han entremezclado las partidas», agregaron.
