El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador absolvió de toda responsabilidad penal y civil al sacerdote guatemalteco José Venancio Boror Uz, de 63 años de edad; quien era acusado por el delito de agresión sexual en menor e incapaz en modalidad continuada en perjuicio de dos víctimas.
El párroco que recuperará su libertad este miércoles, estuvo detenido desde el 13 de abril de 2019.
Según la juzgadora los dos casos generaron duda, ya que para ella no hubo certeza de que los hechos hayan existido, ya que en el transcurso del juicio hubo testimonios que desmintieron las declaraciones de las víctimas.
Quedó establecido, según la defensa del religioso, que los elementos de prueba no fueron suficientes para robustecer la acusación, porque no fueron concordantes y verosímiles para destruir la presunción de inocencia.
En cuanto a las pericias psicológicas, los estudios sociales y la declaración de testigos, no confirman con certeza la responsabilidad de Boror Uz.
Los hechos por los cuales era procesado en este juicio sucedieron entre febrero y mayo de 2017, mientras se desempeñaba como párroco en la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes del barrio Lourdes de San Salvador.
El sacerdote enfrentó dos juicios diferentes y en ambos fue absuelto. En el primero realizado en el Tribunal Quinto de Sentencia el 9 de noviembre del año pasado fue absuelto debido a contradicciones en la declaración de la víctima y la de sus padres.
Las críticas por la decisión judicial
El fallo absolutorio para Boror Uz no cayó en gracia para la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), pues esta organización estuvo acompañando a las víctimas del caso.
En ese sentido, señalaron que el Tribunal no valoró las declaraciones de ambas niñas, que fueron, según expusieron, contundentes al describir los hechos e identificar al sacerdote como su agresor sexual.
«El Estado le ha fallado otra vez a la niñez que es víctima de abuso sexual; por lo que se vuelve urgente revisar cuáles son esas barreras que impiden la protección de la niñez, niegan el acceso a la justicia y la obtención de una respuesta satisfactoria», manifestaron.
Además objetaron a la Iglesia Católica a procurar que sus miembros no sigan cometiendo este tipo de actos. «Lejos de crear instancias previas en su interior para conocer estos casos, debe permitir que la justicia penal ordinaria haga su trabajo de manera expedita y colaborar con ella».
Por otro lado, instaron al Gobierno a cumplir las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño/a sobre la aplicación de la Ley de Protección a la Niñez y Adolescencia (LEPINA), y activar el Sistema Nacional de protección de este sector, asignando recurso humano técnico y financiero para aplicarlo.
