La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Segunda Instancia separar al Juez Jorge Guzmán del caso penal de la Masacre de El Mozote que se lleva desde el 2016 en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, según confirmó la querella del proceso, la organización Cristosal.
Según los datos, el Ministerio Público pidió la recusación de Guzmán tras un conflicto por la acreditación de una perito sobre violencia sexual para el caso, ya que es uno de los delitos que se conocen en el caso.
Fue Cristosal quien sugirió el pasado mes de diciembre, a través del abogado David Morales, referido peritaje y propuso a una abogada española especialista en crímenes de género y de violencia sexual, Paloma Soria Montañez; para su acreditación se presentaron copias del pasaporte y títulos.
Guzmán aceptó a la perito y ordenó las diligencias; sobre el faltante de legalización de los documentos para acreditarla destacó que se debe a restricciones migratorias relacionadas a la pandemia de COVID-19, pero que se estarán requiriendo los apostillados.
Por su parte, la Fiscalía pidió la recusación de Guzmán y que revoque la decisión de la juramentación de la perito hasta contar con referidos documentos.
Entre los motivos que alega la FGR para que se separe al juez del caso es que se ha tramitado el caso violentando la Constitución de la República al utilizar el Código Procesal Penal actual, mas no el vigente en 1989, año en el que ocurrió el hecho.
«Llama la atención que la petición fiscal ha sido presentada cuando la causa judicial de El Mozote se encuentra en un estado avanzado en su instrucción y estaría cercana al momento de una eventual elevación a la etapa del debate de pruebas», señaló Cristosal.
Además, instaron a la Fiscalía abstenerse de «perjudicar el avance del proceso judicial en el caso».
Ante esto, el Fiscal General, Raúl Melara, respondió que «nosotros lo que queremos es que las cosas se hagan bien, usted cree que un abogado es el indicado, si la ley le pide que usted tiene que acreditar la capacidad de las personas, cree que basta que le presenten las copias de los documentos, tenemos que acreditarlo en un proceso. Imagínese que por ese desliz, la defensa nos debata y se declare nula o sin validez. No es un tema que la Fiscalía quiera entorpecer el proceso».
