Gobierno de El Salvador confirma contacto con FMI en búsqueda de financiamiento

El Banco Central de Reserva (BCR) confirmó este martes, que ya se entablaron los contactos virtuales con la misión del Fondo Monetario Internacional, FMI, para un financiamiento de servicio ampliado en el marco de la post pandemia del COVID-19.

“El Salvador inicia conversaciones con el FMI con la finalidad de asegurar unas finanzas públicas sólidas y el financiamiento necesario para ejecutar los grandes proyectos de país a corto, mediano y largo plazo”, indicó el comunicado que publicó el ente financiero.

Alina Carare, representante del Directorio Ejecutivo del FMI encabezará la reunión con autoridades del Gabinete Económico, conformado por el Ministerio de Hacienda, Economía, Turismo, Superintendencia del Sistema Financiero y el BCR. Asimismo, sostendrá encuentros con organizaciones del sector privado y de la sociedad civil, representantes de organismos internacionales, entre otros.

El Gobierno convocó al FMI a una reunión en noviembre del 2020, con motivo de obtener un financiamiento del Servicio Ampliado del Fondo (SAF o Extended Fund Facility en inglés).

A través de una entrevista concedida por el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya con la agencia internacional Reuters, se confirmó que el Gobierno está en negociaciones con el FMI para un financiamiento de mil trescientos millones.

Según la publicación del medio que fue compartida por el funcionario en sus redes sociales, se trata de una medida para revitalizar la economía del país después del gane del partido oficialista de Nuevas Ideas en las elecciones legislativas del 28 de febrero.

Zelaya dijo que El Salvador busca obtener un financiamiento con el FMI similar al anunciado esta semana a sus vecinos centroamericanos, en Costa Rica.

De acuerdo con el Ministro, esto ayudaría a apalancar las brechas presupuestarias del 2021, 2022 y 2023, así como a reducir los altos costos asociados a la deuda del país.

Asimismo, Zelaya destacó al medio que a pesar de aún no haber llegado a un acuerdo, el FMI podría desembolsar cerca de $450 millones este año; así como los contratos ya establecidos de $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), $200 millones con el Banco Mundial y $600 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El acuerdo entre el FMI y Costa Rica se trata de mejores condiciones de financiamiento al establecer un plan de reajuste fiscal.

Una delegación del FMI visitó El Salvador en Noviembre del 2020 para analizar las perspectivas, el presupuesto para el año 2020 y la agenda de crecimiento del gobierno, incluidas las reformas estructurales para promover la inversión.

Al concluir la misión, Carare hizo la siguiente declaración:

La economía creció 2,2 por ciento en la primera mitad del año, y la inflación rondó el cero. Después de caer en el segundo trimestre, el crecimiento de las remesas regresó a su tasa a largo plazo del 4 por ciento. En 2019, se espera que el crecimiento del PIB real sea del 2½ por ciento como resultado de la sólida confianza del sector empresarial. A mediano plazo y en virtud de las políticas actuales, el crecimiento económico convergerá al potencial estimado. Los riesgos a la baja para las perspectivas se derivan de un crecimiento global más débil de lo esperado y de desviaciones en la política nacional. Dichas desviaciones podrían ocurrir si se adoptan medidas de gasto sin previamente identificar recursos de financiación apropiados que no involucren el endeudamiento. En cuanto a la alza, las condiciones financieras globales pudieran demostrar ser más favorable de lo esperado actualmente.

Las autoridades están enfrentando el delito y la corrupción de manera firme, y están comenzando a mejorar el entorno empresarial con el fin de apoyar el crecimiento. La misión celebra la implementación del «Plan de Control Territorial» con el fin de mejorar la seguridad, así como la eliminación de los llamados «gastos reservados» para la oficina de la presidencia con el fin de reducir la corrupción. El mayor gasto en seguridad, capital humano e infraestructura en el presupuesto 2020 también es celebrado, ya que constituye la provisión de bienes públicos necesarios para el crecimiento económico. La misión apoya los esfuerzos del gobierno para agilizar la tramitación de permisos comerciales, los cuales incluyen la creación de un comité de tramitología y el intercambio de información entre las instituciones públicas con el fin de agilizar el registro de empresas.

El saldo fiscal primario ha mejorado en un 2¾ por ciento del PIB desde 2013, pero se mantiene prácticamente sin cambios durante 2018-2019 en un 0,9 por ciento del PIB. El proyecto de presupuesto para 2020 prevé una mayor consolidación del 0,2 por ciento del PIB debido a una mejor administración de los ingresos.

Sin embargo, los excedentes primarios previstos (del 1,2 por ciento del PIB en promedio durante 2020-2021) no serían suficientes para compensar el aumento en el pago de intereses de la deuda asociado con el alto stock de deuda, en ausencia de un ajuste considerable concentrado al comienzo del período. Asimismo, dado que el diferencial de crecimiento de intereses permanece siendo considerable—alrededor del 4 por ciento del PIB—el equipo técnico continuará recomendando un ajuste fiscal prudente. Una consolidación fiscal adicional de alrededor del 2 por ciento del PIB para 2021 garantizará el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal y colocará a la deuda sobre una trayectoria firmemente decreciente. Estas medidas deberían calibrarse cuidadosamente, favorecer el crecimiento y salvaguardar los objetivos sociales. Las condiciones del mercado siguen siendo favorables, pero las brechas financieras considerables se avecinan a mediano plazo. La aprobación de uno presupuesto sólido y su financiamiento a tiempo contribuira a la estabilidad macroeconómica y a fortalecer el clima de inversión.

Los bancos son sólidos, con niveles bajos de préstamos en mora, altas reservas de capital y abundante liquidez. El equipo técnico apoya los esfuerzos de las autoridades para preservar la estabilidad financiera al: (i) adoptar legislación para la resolución bancaria de conformidad con las mejores prácticas; (ii) asegurar que el mercado interbancario reactivado funcione sin contratiempos, con el fin de aumentar la eficiencia de los bancos en la gestión de la liquidez; (iii) asegurar que las medidas que apoyan el crecimiento del crédito cumplan plenamente con el marco de supervisión basado en el riesgo; y (iv) continuar promoviendo la inclusión financiera, lo cual incluye a las enmiendas recientemente adoptadas a la ley de inclusión financiera. 

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