El delegado de EE.UU. para el Triángulo Norte visita El Salvador para entrevistarse con instituciones y actores sociales para determinar causas de la migración ilegal | Foto: Embajada de los Estados Unidos
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) ha brindado cerca de 25 asistencias técnicas a la Fiscalía General de la República (FGR), reveló este miércoles su representante, Ronalth Ochaeta.
En el marco de la visita que realiza el delegado del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, Ochaeta aseguró que si bien “son alentadores” los resultados de este organismo, creado en noviembre del 2020 por Acuerdo Ejecutivo, “podría ser mejores”.
Ochaeta aseguró que han dado aviso al Ministerio Público de 12 irregularidades de posibles indicios de corrupción de “cinco carteras de Estado”, sin mencionar de cuáles instituciones podría tratarse.
“Hemos auditado el 81% de los fondos destinados a la pandemia y venimos coadyuvando siete casos integrales a solicitud del Fiscal General de la República entre otras asistencias especializadas”, dijo el funcionario.
En ese sentido, Ochaeta manifestó que es necesario apoyar una reforma al trabajo de la CICIES para que pueda mejorar el combate a la corrupción, “las herramientas legales son imprescindibles, por lo cual, se hace necesario que la CICIES pueda transitar por el camino de la autonomía financiera, fortalecimiento humano y capacidades técnicas de la FGR y la Policía Nacional Civil y es necesario la dependencia funcional de otros Órganos de Estado”, enfatizó.
La propuesta, denominada Ley Especial para la Facilitación del Mandato de la CICIES, otorga a esta instancia una autonomía financiera, “operacional, independiente, objetiva, neutral y transparente”, para ayudar al Estado salvadoreño en la prevención, investigación, persecución y sanción de actos de corrupción y delitos conexos.
De ser aprobada, la ley brindaría a la CICIES la función de apoyar a la Fiscalía, único ente encargado de la investigación y persecución del delito, así como le dará la facultad de apoyar como querellante en los casos judiciales, para esto último, también sugirieron una reforma al Código Procesal Penal.
Además, plantearon la posibilidad que la Comisión cuente con mecanismos de transparencia y participación ciudadana para conocer el trabajo investigativo.
Las organizaciones pidieron al Congreso crear una comisión Ad hoc que facilite un proceso de debate y análisis abierto, y que incorpore a representantes de las organizaciones promotoras de la ley como acompañantes técnicos, estas son Cristosal, Azul Originario, FUNDE, Acción Ciudadana, FESPAD, Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Centro de Capacitación y Promoción de la Demoracia (CECADE), Colegio Médico, CEMUJER, CLADEM, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (FUNDECSO), Siempre Sospechosos, Pastor Mario Vega, y Proyecto Poder.
El 3 de marzo, la CICIES también informó que ha recomendado al Gobierno a llevar a la Asamblea Legislativa un acuerdo marco que permita su instalación oficial en el país y contribuir con investigaciones de casos de corrupción.
Asimismo, sugieren a la nueva legislatura 2021-2024, reformas a la Ley de Enriquecimiento Ilícito; Código Penal y Procesal Penal; Ley contra el Lavado de Dinero y Activos; reforma o derogación a la Ley del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, FOPROMID; Ley de Ética Gubernamental; y Ley Especial de Extinción de Dominio.
«Igualmente, recomienda también el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República y otras instituciones de control, hacer eficientes y transparentes los procesos de elección de funcionarios de segundo grado, y la actualización de leyes que regulen eficazmente la función pública, así como promover la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, entre otras», reza parte de la misiva de la Comisión.
Adicionalmente, la CICIES recomendó a los Órganos Legislativo y Ejecutivo a continuar su acercamiento e impulsar una modificación al Código Procesal Penal para que esta instancia posea la figura de querellante en los casos de corrupción que se lleven a sede judicial. Y se le permita la participación de representantes de la sociedad civil para futuros proyectos que necesiten de la aritmética del Congreso.
