
Por: Redacción YSKL
Margarita Ramírez, se convirtió en la segunda persona, de las siete que se encuentran en huelga de hambre en la Asamblea Legislativa, en ser llevada a un centro asistencial, pues presentó un quebranto de salud, tras permanecer nueve días sin ingerir alimentos.
La mujer, presentaba deshidratación y no retenía líquidos; una fuente de Cruz Verde Salvadoreña dijo a KL que desde cinco horas antes, había vomitado y tenía la presión alta.
Una ambulancia de esta entidad socorrista ingresó este martes al Órgano Legislativo, en momentos que los Diputados realizaban la quinta sesión plenaria.
Ramírez forma parte de los 1,019 empleados legislativos que fueron separados de sus funciones por órdenes de la Junta Directiva del Congreso; el Presidente de este poder de Estado, Ernesto Castro, aseguró que los despidos corresponden a personas que culminaron su contrato laboral hasta el 30 de abril, otros son supuestas plazas fantasmas y en algunos casos, se trata de trabajadores de fracciones políticas que redujeron su número de Diputados.
Sin embargo, esta versión fue rechazada por el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL), quienes denunciaron que esta semana se despidieron a más empleados, bajo la misma dinámica: Sin notificación por escrito e indemnización.
Luis Ortega, Secretario General del SITRAL, señaló que la mayoría de trabajadores estaban destacados en puestos administrativos e informó que, en el caso de Ramírez, se desempeñaba como ordenanza durante 19 años y no había sido contratada por una fracción.
A inicios de esta semana, una mujer que acompañaba la huelga de hambre fue llevada a un hospital, porque presentaba un cuadro anímico y la mitad del rostro paralizado.
Ortega indicó que los otros cinco empleados continuarán la huelga; “quedan en acción indefinida, para que entiendan la Junta Directiva que no se pueden atropellar los derechos de los trabajadores. Nosotros, no les hemos dicho que protesten, nuestra labor es de acompañamiento, porque ellos decidieron que esta era la medida más inmediata”.
Y añadió: “Vamos a defender a trabajadores que han cumplido funciones en esta Asamblea por años, no a las plazas de gente que no venía a trabajar; le queremos decir al Presidente Castro, ningún trabajador ha firmado con un grupo parlamentario, nuestro jefe es la Asamblea Legislativa”.
El sindicalista hizo alusión a la resolución 20-2013 de la Corte Suprema de Justicia, que establece que los contratos firmados desde el 1 de enero del 2009 a la fecha tendrán estabilidad en el cargo y no podrían ser despedidos, a menos que se siga el debido proceso.

















