Por: Redacción YSKL
Luego que Estados Unidos divulgara la primera etapa de la Lista Engel, que incluye a 14 salvadoreños inmiscuidos en actos de corrupción, un grupo de organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en torno al tema.
El listado consigna a funcionarios del Gobierno salvadoreño, ex funcionarios y empresarios “que deliberadamente se han involucrado en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticas; significativa corrupción; o en la obstrucción de investigaciones sobre dicha corrupción”.
En ese sentido, una docena de organizaciones señalaron que el informe resalta “graves señalamientos de corrupción, lavado de dinero y actuaciones contrarias a la democracia” que “pone en evidencia la naturaleza autoritaria y corrupta de importantes miembros actuales y recientes del Gobierno…así como funcionarios y ex funcionarios de los partidos ARENA, FMLN y GANA”.
“Hechos atribuidos a estas personas destruyen la democracia, la confianza ciudadana y roban a la ciudadanía, particularmente de los más vulnerables, su futuro”, destaca la misiva.
En ese sentido, explican que no existen garantías para una investigación de los hechos o su resolución judicial, debido a que el Gobierno, por medio de la bancada oficialista de Diputados, destituyó a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, el 1 de mayo y despachó de su cargo al Fiscal General de la República, en ambos casos, los parlamentarios eligieron a personas cercanas al ofícialos o. Además, puntualizaron en los ataques a instituciones como la Corte de Cuentas de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Por ende, hicieron un llamado al Gobierno a destituir a los funcionarios señalados y promover una investigación independiente -ajena- a la Fiscalía, es decir que la lleve a cabo una entidad internacional, que incluya participación ciudadana.
A los partidos políticos, se les pidió apartar a las personas sindicadas en la Lista Engel y al Presidente Nayib Bukele, “respetar las reglas de la democracia y abandonar cualquier pretensión autoritaria y cumplir su promesa de luchar contra la corrupción que hoy corroe a su gobierno”.
La misiva fue firmada por: Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DJT); Acción Ciudadana; Centro de Estudios Jurídicos (CEJ); Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC); Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE); Fundación Futuro Abierto; Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP); Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUNDE); Cristosal; Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (CECADE); Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos abiertos (TRACODA); y Fundación para el Desarrollo de los Derechos Sociales (FUDECSO).
El reporte nace a partir de la aprobación de la Ley de Participación Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, el 27 de diciembre pasado. La cual fue promovida por el congresista Eliot Engel, cuyo período en funciones finaliza este año.
La legislación incluye la creación de un listado de funcionarios que incurrieron en “acciones que socaven procesos o instituciones democráticas”, “cometido actos de corrupción” o “haber obstruido investigaciones”, que va desde contratos gubernamentales, sobornos y extorsión.
Además de transferencia de recursos obtenidos por “incluso a través de lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales”, agrega el documento legislativo.
Entre las sanciones más significativas figuran la negatoria o revocatoria de visas y la imposibilidad de ingresar a los Estados Unidos, bajo cualquier otro tipo de beneficio inmigratorio, para los próximos tres años.
Para ser incluida, cada persona nombrada en la lista debe ser identificada bajo uno o más de estos criterios específicos y debe estar vinculado a un acto que esté documentado por al menos dos fuentes creíbles.
La Embajada de Estados Unidos en el país, ha restringido unos 300 visados en los últimos cinco años corrupción, afiliación a pandillas y actividades criminales, que implican a los solicitantes de visas.
La Administración Biden ha establecido el combate a la corrupción como una “prioridad económica y de seguridad nacional”, incluso liderando los esfuerzos internacionales para apoyar la democracia y aumentar la transparencia, cuya meta es lograr frenar la migración irregular.
“Cuando los líderes roban a los ciudadanos de sus naciones o violan el estado de derecho, el crecimiento económico se desacelera, la desigualdad aumenta y la confianza en el gobierno se desploma”, destaca un comunicado de la Embajada.
Los funcionarios actuales del Gobierno, señalados en la Lista Engel son:
- Carolina Recinos, Comisionada Presidencial de Gabinete de Gobierno, relacionada con actos de corrupción sobre fondos públicos que pasaron a beneficio personal y posible lavado de dinero.
- Pablo Anliker, ex ministro y viceministro de Agricultura, por tomar fondos públicos para beneficio personal.
- Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, por «socavar los procesos o las instituciones democráticas», al intervenir dando asistencia en el proceso de destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General el 1 de mayo.
- Rolando Castro, ministro de Trabajo, por obstruir investigaciones sobre corrupción y socavar los procesos o las instituciones democráticas en un esfuerzo por dañar a sus oponentes políticos.
- Osiris Luna Meza, director de Centros Penales, por posible soborno y corrupción.
- Rogelio Rivas, ex ministro de Seguridad y Justicia, por apropiarse de fondos públicos para beneficios personales.
- Carlos Reyes, diputado de ARENA en la Asamblea Legislativa, por influencias inapropiadas en proceso de selección de la Corte Suprema.
- Guillermo Wellman, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por causar retrasos innecesarios en la tabulación y resultados de elecciones para su beneficio personal.
De antiguas administraciones:
- Walter Araujo, expresidente del TSE y excandidato a diputado por Nuevas Ideas, por llamar a la insurrección contra la Asamblea Legislativa en febrero de 2020 y amenazar repetidamente a los candidatos políticos.
- José Luis Merino, exviceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo, y exdiputado por el partido FMLN, por soborno y posibles lavado de dinero.
- Ezequiel Milla, exalcalde de La Unión, por abusar de su autoridad en la venta de la Isla Perico a agentes de la República Popular China a cambio de un beneficio personal.
- Sigfrido Reyes, exdiputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); quien enfrenta procesos penales y civiles por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en su gestión.
Empresarios:
- Adolfo “Fito” Salume, por participar en una «corrupción significativa» y socavar los procesos e instituciones democráticos al sobornar a un magistrado de la Corte Suprema para evitar el pago de una multa.
- Enrique Rais, por al sobornar a funcionarios públicos.
