Por: Redacción YSKL
La Alianza por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, presentó este jueves un balance de la situación de protección de derechos de estos sectores 2019-2020, en donde se vio reflejado el contexto de violencia en diferentes dimensiones, que va desde la desigualdad económica hasta la impunidad en el sistema de justicia.
El balance da seguimiento a la situación de la niñez y adolescencia en el país, señalando que la pobreza, violencia de género, violencia sexual, la salud y el trabajo infantil, son algunos problemas que diariamente aquejan a la niñez salvadoreña, cuya situación se ve agravada por la poca inversión social y la debilidad de las instituciones de protección del Estado a cumplir con los compromisos internacionales de protección de la niñez.
Ismelda Villacorta, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), explicó que este informe tiene por objetivo convertirse en una base de análisis y consulta para ubicar una agenda pública sobre la situación de los derechos de este grupo demográfico e impulsar el llamado a la acción social.
Según los resultados de consultas con instituciones públicas que velan por el tutelaje de los derechos de los menores, en el 2020 se reportó un promedio diario de 35 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes que derivó en un embarazo. Y al menos, cuatro niñas, niños y adolescentes recibieron atención médica por violencia sexual. “Mismos que conllevan a mortalidades y enfermedades maternas, y hasta la deserción escolar o abandono al proyecto de vida”, indicó Villacorta.
El año pasado, también se contabilizaron 68 casos diarios de violencia contra estos sectores. 133 niños y adolescentes fueron reportados como desaparecidos, misma cifra se duplica teniendo en cuenta los casos de niñas y adolescentes; pues alcanzó los 356 casos.
“En el 2020 se registraron 8 fallecimientos de adolescentes, entre ellas una de 14 años, 3 de 16 a 18 años y 4 de 19 años”, remarcó la experta.
Otro alarmante dato, es que en el último año, se reportaron 2,858 casos de delitos contra la libertad sexual de la niñez, siendo las niñas y adolescentes menores de 17 años las principales víctimas de los delitos de agresión sexual, violación y estupro.
El Instituto de Medicina Legal reconoció 56 suicidios cometidos por personas menores de 19 años en el periodo de enero a diciembre 2020. Esto significaría un caso más de los registrados en 2019, en donde según datos de la misma institución, hubo un reconocimiento de 55 suicidios. A pesar de que en la gran mayoría de estos sucesos no se tienen datos sobre los factores precipitantes, de los que sí se conoce figuran causas como conflictos familiares, de pareja, depresión y drogadicciones.
Datos recopilados por el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia evidencian que, de enero a diciembre de 2020, se cometieron alrededor de 24,791 delitos de violencia contra niñas, -41- Balance de la situación de los derechos y protección de la niñez y adolescencia en El Salvador 2019-2020 niños y adolescentes menores de 17 años, es decir, 68 casos diarios.
La Alianza por los Derechos de la Niñez la Adolescencia y Juventud en El Salvador presenta un balance de la situación en el período 2019-2020.@abiuyskl pic.twitter.com/lTDSZNFghM
— Radio YSKL (@radioyskl) July 22, 2021
En relación al trabajo infantil, los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) muestran que para el año 2019, el número de niños, niñas y adolescentes, con edades entre 5 a 17 años, que se encuentran en situación de trabajo infantil es de 93,283 equivalente a una tasa de incidencia de 6.5%. Para el año 2020, no existen datos actualizados al respecto por parte del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía o Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.
Según estimaciones de la OIT y UNICEF, millones de niños y niñas en el mundo corren el riesgo de tener que realizar trabajo infantil como consecuencia de la crisis de la COVID-19, lo que podría propiciar un aumento del trabajo infantil por primera vez tras veinte años de avances
CONTEXTO
La pandemia de coronavirus ha afectado los derechos de millones de niños y niñas en América Latina y el Caribe, una región ya marcada por una profunda desigualdad. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza en esta área podría pasar de los 185 millones actuales a 220 millones de personas, incluso 18 millones más de niños, niñas y adolescentes.
Se estima que el número de niñas y niños en situación de pobreza monetaria en la región habría incrementado en 2020, en 7,6 puntos porcentuales, llegando al 51,3%, lo que significa que 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes enfrentaría esta situación.
En cuanto a la violencia, en El Salvador, como en otros países de la región, la tasa de homicidios presenta una disminución significativa. En 2020, la tasa regional descendió 10 puntos, de 30.7 bajó a 21.03.
No obstante, si bien hay una disminución sustancial en las muertes violentas en los dos últimos años, la violencia generalizada sigue suponiendo una epidemia, con una tasa de homicidios superior a la de la mayoría de los países afectados por un conflicto, de acuerdo con datos del Relator Especial contra la Violencia.
En el año 2020 se registraron 1.322 homicidios, con un promedio de 4 homicidios por día; 2,251 desapariciones, con un promedio de 6 personas desaparecidas cada día, y superando, por segundo año consecutivo, a la cifra de fallecidos por hechos violentos. En el año 2020, la Fiscalía General de la República registró 121 feminicidios (44% menos, respecto a 2019).
Así, de acuerdo con la CEPAL, El Salvador se ubica como uno de los países con una mayor tasa de feminicidios: 3,3 por cada 100,000 habitantes.
CONCLUSIONES
La Alianza estimó que El Salvador debe activar mecanismos de protección pues está adherido a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, en donde se comprometió a desarrollar e implementar planes de acción nacional para poner fin a todas las formas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. A pesar de este compromiso de alto nivel, que le valió el reconocimiento como país pionero por parte de la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia, y de que en el 2018 se dieron algunos esfuerzos para elaborar una hoja de ruta a nivel nacional tomando de referencia la estrategia Inspire, a la fecha no se han dado a conocer más avances al respecto.
Por otro lado, el Estado debe «fortalecer los recursos y las capacidades de los equipos del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia, para garantizar que cuenten con perspectiva de derecho y de género, para todos los niños, niñas y adolescentes».
Otro punto a destacar, es que el Gobierno debe crear un registro sobre niñez y adolescentes desaparecidos, «ya sea se encuentren con vida, que se encuentren los cadáveres o estos no se ubiquen».
«Es preciso fortalecer la formación docente en Educación Integral de la Sexualidad como una medida de prevención de embarazos tempranos, infecciones de transmisión sexual y violencia sexual contra niñez y adolescencia. Por ello, se sugiere incluir esta asignatura dentro del currículo educativo del sector público y privado, con miras a desarrollar conocimientos graduales de acuerdo con las necesidades del curso de vida», reza otro apartado del informe.
Además, sugirieron que El Salvador, siendo firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, está comprometido a velar por la protección de la niñez frente al abuso y cualquier forma de maltrato. Y utilizar instrumentos enmarcados al Comité sobre los Derechos del Niño para prohibir el castigo físico en todas sus formas, reforma que aún sigue pendiente a realizarse.
«El Estado salvadoreño todavía tiene grandes pasos que realizar para alcanzar una inversión pública en niñez específica, progresiva y que trascienda a las acciones o productos institucionales. Aún existen retos importantes en la instalación y funcionamiento del Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en los niveles municipales y comunitarios debido a la complejidad de coordinación entre los distintos actores», concluyó Villacorta.
