El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) presentó una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) contra el Director General de Centros Penales, Osiris Luna y el Juez Segundo de Paz interino de San Salvador, Carlos Alberto Iraheta Zelaya, por violación de derechos humanos a exfuncionarios del FMLN que fueron enviados a detención provisional en el proceso conocido como «Operación Desfalco».
«Nuestros familiares han sido sometidos a tratos vejatorios, sin respetarles el debido proceso, y se les ha puesto en riesgo su salud e integridad personal con el actuar arbitrario de las instituciones que estamos denunciando», aseguraron.
Parte de los demandantes de COFAPRES son Jorge Schafik, hermano de la exviceministra de educación, Erlinda Hándal, detenida en el proceso; así como Zoila Menjívar, hermana de Violeta Menjívar, exviceministra de Salud, también en prisión.
Los familiares de detenidos denunciaron que hay padecimientos por los que no pueden estar bajo detención provisional y aseguraron que no se les estaría dando el seguimiento médico.
Por lo que solicitaron «el cese de la detención provisional en contra de las víctimas y se sustituyan por una medida menos gravosa, por existir indicios robustos que permiten inferir la existencia de las vulneraciones a sus derechos fundamentales en los términos establecidos previamente».
Así como «la suspensión del proceso penal iniciado contra las víctimas hasta que sean agotados los procedimientos previos que se han determinado en la ley».
Los acusados detenidos son:
- Carlos Enrique Cáceres Chávez, exministro de Hacienda
- Elvia Violeta Menjívar Escalante, ex viceministra de Salud
- Hugo Alexander Flores Hidalgo, ex viceministro de Agricultura
- Erlinda Hándal Vega, ex viceministra de educación, ciencia y tecnología
- Calixto Mejía Hernández, ex vice ministro de trabajo
La Fiscalía General de la República (FGR) los procesa por los delitos de Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero y Activos, esto debido a que, supuestamente recibieron pagos adicionales a su salario (sobresueldos), durante el mandato de Funes.
