La Mesa Laboral reiteran llamado a las alcaldías a cumplir el debido proceso y respetar los derechos de trabajadores despedidos

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La Mesa Laboral reiteraron el llamado a las alcaldías a cumplir el debido proceso y respetar los derechos fundamentales de la clase trabajadora. Foto: Cortesía.
La Mesa Laboral reiteraron el llamado a las alcaldías a cumplir el debido proceso y respetar los derechos fundamentales de la clase trabajadora. Foto: Cortesía.

Por: Redacción YSKL

La Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) denunció este jueves que no se está cumplimiento la normativa laboral, sindical, constitucional y convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en relación a los recientes despidos en las 262 alcaldías e instituciones públicas.

Sonia Mestanza, integrante de esta mesa señaló que persisten los casos de acoso laboral, discriminación, aplicación arbitraria e ilegal de la normativa para sancionar a empleados y en el caso de los sindicatos, traslados y despidos injustificados.

“Hemos venido evidenciando y por tanto exigiendo a las instituciones públicas un desempeño eficaz y eficiente […] desde los cambios de gobierno municipales y con la llegada de una correlación nueva a la Asamblea Legislativa han generado transgresiones graves a los derechos de los trabajadores como el de la estabilidad laboral, debido proceso, derecho de audiencia y defensa”, manifestó la sindicalista.

Según la MPJL, unos 5,000 trabajadores de distintas municipalidades han sido separados de sus labores desde el 1 de mayo que ingresaron las nuevas autoridades. En la Alcaldía de San Salvador, han reportado 500 despidos; mientras que, en la comuna de Soyapango, han contabilizado 400 ceses.

“Además, se cuentan con datos de despidos de otras alcaldías del país como Coatepeque, Mejicanos, Zacatecoluca. Esto solo refleja la falta de compromiso a los derechos de la clase trabajadora”, señaló Mestanza.

En ese sentido, exigen al Ministerio de Trabajo revisar los casos de trabajadores despedidos y al Ministerio Público: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Fiscalía General de la República, a que activen los procedimientos y dé seguimiento para garantizar los derechos laborales.