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Por: Redacción YSKL
Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial obstaculizan la persecución de crímenes de la guerra civil. Esta fue la consigna de organizaciones y asociaciones de víctimas del conflicto, quienes advirtieron este martes, que representa un golpe a la independencia judicial por sus implicaciones directas a los casos en donde se dirimen violaciones a los derechos humanos y asesinatos perpetrados durante la década de los ochentas.
Y es que el decreto, que aprobó la Asamblea Legislativa, manda a la jubilación a por lo menos 176 jueces y magistrados de primera y segunda instancia que cumplieran los 60 años o que completaran 30 años en el servicio judicial. Esta medida también aplicó en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que repite la disposición de los fiscales adjuntos.
“Esta decisión violenta tratados internacionales ratificados y los derechos humanos, en tanto de las personas que serán arbitrariamente destituidas, como de miles de víctimas que ahora verán en riesgo su derecho a una tutela judicial efectiva y a que sus recursos sean ventilados por un juez natural e imparcial”, señaló David Morales, Jefe de Litigio de Cristosal.
El abogado, que ha seguido de cerca procesos judiciales relacionados a la guerra, aseguró que las enmiendas causarán el estancamiento de las investigaciones que actualmente se llevan a cabo en los tribunales de justicia.
El más perjudicado sería el de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, en donde fueron asesinados 989 salvadoreños, a manos del Batallón Atlacatl, en diciembre de 1981. El Juez de Instrucción de Morazán, Jorge Guzmán, estaría incluido en la purga judicial, pues sobrepasa los 60 años, “la decisión de la Asamblea favorecerá con impunidad a los perpetradores de la masacre”, advirtió el activista.
La remoción masiva de más de 170 jueces puede dar paso a que la @CorteSupremaSV coloque personas que no busquen la justicia y reparación de las víctimas de la guerra civil, señaló David Morales, de @Cristosal.@arely_yskl pic.twitter.com/ifRabOlHwD
— Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) September 8, 2021
“El caso está por ser elevado a su etapa plenaria y de sentencia, con evidente prueba de cargo contra los militares procesados, que incluyen al máximo jefe de la Fuerza Armada en aquella época, el ex ministro de defensa Guillermo García”, denunció.
Otro caso que será afectado con las reformas, que aún no han sido sancionadas por el Presidente Nayib Bukele, sería el asesinato de 4 periodistas holandeses, perpetrado por el Batallón Atonal de la Fuerza Armada, que recientemente fue judicializado en el Juzgado de Paz de Dulce Nombre de María, Chalatenango, por una jueza que será expulsada tras haber completado los parámetros legales que aprobaron los Diputados.
Las organizaciones Cristosal, la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador y el Grupo Gestor para la Aprobación de la Ley de Reparación y Atención a Víctimas piden al Parlamento desistir de las reformas, a las que calificaron como “golpe de Estado a la justicia” y piden derogar el acuerdo.
A Bukele le pidieron vetar por inconstitucionales las reformas y de igual forma a la Corte Suprema para que declare inaplicable las modificaciones.
