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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado salvadoreño rendir un informe sobre el impacto de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial en el caso penal de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños.
Las modificaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa y ya sancionadas por el Presidente Nayib Bukele depuran a un tercio de los jueces y magistrados del Órgano Judicial; es decir, 248 juristas, por tener más de 60 años de edad o 30 años en funciones, entre ellos, el juez que conoce el caso, Jorge Guzmán, del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera.
Las organizaciones Tutela legal María Julia Hernández y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de víctimas, acudieron a la Corte para exponer las reformas que podrían paralizar el caso penal que está por pasar a una fase de juicio contra más de 17 militares por la matanza de 1981 en el contexto del Conflicto Armado.
La Corte pidió el informe a las autoridades de El Salvador el 14 de septiembre, mismo día que fueron publicadas las reformas en el Diario Oficial y que tendrán vigencia 8 días después.
El informe debía entregarse el 24 de septiembre, pero el Estado solicitó una prórroga hasta el 28 de septiembre.
Las organizaciones piden que la Corte decrete la inaplicabilidad de las reformas por la posible paralización del proceso.
Fue en marzo de este 2021 que la Corte IDH llevó a cabo una audiencia de seguimiento de la sentencia emitida en el 2012 donde estableció que el Estado salvadoreño debía investigar los hechos en la Masacre de El Mozote.
La audiencia del proceso «Caso Masacre de El Mozote y lugares aledaños contra El Salvador» se realizó luego que organizaciones de derechos humanos pidieran a la Corte que aplicara medidas cautelares contra el Estado por la presunta obstaculización a la justicia y posible acciones para encubrir a autores de la masacre, tales como la negativa a la inspección de archivos militares.
Sobre la Masacre
La Masacre de El Mozote fue el nombre que se dio al conjunto de masacres contra población civil que realizó la Fuerza Armada a través del batallón Atlacatl en un operativo de contrainsurgencia de los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981 en el departamento de Morazán, específicamente en los cantones El Mozote, La Joya y Los Toriles.
¿Quiénes fueron los responsables según el peritaje?
La perito del caso judicial, Terry Lynn Karl, declaró en la audiencia especial de anticipo de pruebasque ordenó el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, a cargo del juez Jorge Guzmán, donde señaló a José Guillermo García, ministro de Defensa entre octubre de 1979 y abril de 1983, Rafael Flores Lima, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Armada en 1981, Francisco Castillo, ex viceministro de Defensa, Rafael Bustillo, jefe de la Fuerza Aérea entre 1979 y 1989; el comandante de la Tercera Brigada, Jaime Ernesto Flores Grijalva, el comandante del Batallón Atlacatl, Domingo Monterrosa, el segundo al mando del Batallón Atlacatl, Natividad de Jesús Cáceres Cabrera.
Pero además, a los seis comandantes de compañía del Batallón, quienes habrían ejecutado la masacre.
Se trata de los militares Juan Ernesto Méndez Rodríguez; Mauricio Isaac Duque «Duke» Lozano, Roberto Alfonzo Mendoza Portillo, Juan Horacio Martínez Martínez, José Antonio Rodríguez Molina, Walter Oswaldo Salazar Martínez, cada uno dirigía las compañías.
