A casi un mes de no sesionar, la Comisión de Salud se reunió y acordó reformar la “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de la salud publica ocasionadas por la pandemia”, llamada por internautas como «Ley Alabí», que pidió el Ministerio de Salud.
Con esta normativa, aprobada en junio pasado, médicos, enfermeras y farmacéuticas serán inmunes a demandas penales y responsabilidad civil por reclamos en la administración o uso de tratamiento para atender el COVID-19.
Según el Ministro de Salud, Francisco Alabí, tras su aprobación, esta ley responde a exigencias de las farmacéuticas que distribuyen el antídoto contra el coronavirus.
La ley fue tildada como una ley de inmunidad o blindaje ante compras irregulares en la pandemia de COVID-19, también fue criticada por su retroactividad; es decir, que aplicará en casos previos a su aprobación.
En a reforma se añade al artículo 2: «La inmunidad otorgada por el presente artículo, no se extiende a ningún acto de fraude, soborno, corrupción, robo, falsificación o piratería, tráfico de bienes robados o actividad delictiva similar, derivada de la prestación de cualquier producto o servicio relacionado con la situación de salud pública causada por la pandemia de Covid-19».


















