Por: Redacción YSKL
Este jueves, la Asamblea Legislativa rechazó la petición de indulto del coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, quien fue condenado a 30 años de cárcel (pena máxima del derogado Código Penal) por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas -cinco de ellos españoles- y sus dos empleadas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), masacre ocurrida el 16 de noviembre de 1989 en el marco de ofensiva del FMLN.
La petición de indulto fue discutida, el lunes, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea, en donde los diputados dictaminaron desfavorable. Durante la discusión en la Sesión Plenaria de este miércoles, con 72 votos a favor fue confirmado rechazar el indulto.
Rebeca Santos, diputada de Nuevas Ideas señaló que la justicia ya había condenado a Benavides por delitos de lesa humanidad y que agravaron los derechos humanos en el país, por lo que debe de cumplir su sentencia. La masacre en la que participó Benavides no la cometió con los que fueron condenados en su momento, sino que existieron otros responsables porque las decisiones pasaban por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, que en este caso fue el expresidente de Arena, Alfredo Cristiani, quien no ha sido juzgado.
Santos recalcó que tras 32 años de las consecuencias de la masacre siguen presentes, pues muchos de los señalados en los informes judiciales no han sido procesados. «Desde hace muchos años se ha venido dando la justicia selectiva en todos estos crímenes”, completó.
En este caso, testimonios y documentos recabados por la Comisión de la Verdad para El Salvador vinculan al expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y al ministro de la Defensa, General Rafael Humberto Larios. La Comisión de la Verdad y la Audiencia Nacional de España también señalaron al exdiputado Rodolfo Parker de supuestamente alterar las pruebas de la masacre en un intento por proteger a los responsables.
Las ocho víctimas de la masacre fueron: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López, Amando López, Elba Ramos y su hija de 16 años Celina Ramos. Los religiosos fueron asesinados porque los consideraban autores intelectuales del conflicto armado.
Según el dictamen, «los indultos, al igual que las amnistías respecto a graves violaciones a derechos humanos son incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado».
El documento señala que no se cumple el requisito de un estudio de la conducta del coronel retirado en prisión.
El dictamen señala que Benavides, detenido en 2016, no poseía un expediente que detallara su comportamiento en el momento de la presentación de la solicitud porque no se encontraba dentro del sistema penitenciario, ya que se estaba detenido en una bartolina -calabozo- policial.
Anteriormente, la Corte Suprema y un tribunal le negaron a Benavides este tipo de beneficio judicial por considerar la masacre como un crimen de lesa humanidad.
En 1991, Benavides fue condenado a 30 años de cárcel por la masacre y salió en 1993 por la Ley de Amnistía. Tras su anulación, en 2016, fue detenido y enviado a prisión nuevamente.
En noviembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador se negó a autorizar la conmutación de la pena de prisión que recae sobre Benavides.
Según un informe de 2020, el condenado muestra desinterés en participar en los programas de reinserción; además de presentar agresividad en el trato con los demás internos y las autoridades del penal.
El militar retirado acumula ocho años y cuatro meses de su condena y en junio de 2021 ya se le negó el beneficio de la libertad anticipada.
Contra Benadives y más de una docena de militares pesan solicitudes de extradición de la Justicia de España, que El Salvador ha negado en al menos dos ocasiones.
