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Luego que la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador ordenara la detención y anulara las medidas sustitutivas a 21 ex funcionarios policiales y penitenciarios acusados de desviar fondos de las tiendas de los Centros Penales entre 2014 y 2019, el exministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, asistió al Juzgado 2° de Instrucción para ponerse a disposición de las autoridades.
El exfuncionario expuso que resolución de la instancia judicial dice que la revocatoria a las medidas se debe a peligro de fuga y a una posible incidencia en la información e investigación sobre el caso.
No obstante, la Cámara aún no ha remitido la resolución al juzgado y no puede emitirse la orden de captura; Landaverde solo asistió a firmar.
«Que nosotros influyamos en el proceso, no tiene fundamento, algunos todavía prestamos servicio de la PNC, pero la investigación es en Centros Penales, no tenemos forma de influir en la investigación», sostuvo el exministro.
Ramírez destacó que el mismo proceso ha sido investigado en otras instancias, como procesos internos de la Policía Nacional Civil (PNC), la Corte de Cuentas de la República (CCR) y un proceso contencioso administrativo.
«En todos hemos ganado», aseveró.
«Permítannos defendernos en libertad, hemos demostrado estar presentes en cualquier diligencia que se nos requiera. Estando en libertad podemos hacer una defensa mas efectiva, hemos demostrado nuestra disposición de estar presentes y cumplir con todas las medidas que nos impuso el juzgado, ¿por que no nos dejan que nos podamos defender como corresponde», agregó.
La defensa del exministro, el abogado Pedro Cruz, dijo que ya presentaron un apelación a la revocatoria de medidas sustitutivas a la detención.
"Déjenos defendernos en libertad, para hacer una defensa material efectiva", pide el ex ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, al hacerse presente al Juzgado de Instrucción.
Vía @XioGalinaYSKL pic.twitter.com/GNG28dPB3H— Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) December 2, 2021
El caso
Los exfuncionarios del Ministerio de Seguridad, la Dirección General de Centros Penales y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ligados a presuntas irregularidades en el manejo de $14 millones de las tiendas penitenciarias a través de la Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO) enfrentan proceso por Actos arbitrarios, Peculado, Cohecho impropio, y Falsedad ideológica.
Los acusados:
En este caso figuran como imputados presentes: Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde, ex Ministro de Justicia y Seguridad, en el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén; Marco Tulio Lima Molina, ex Director de Centros Penales; Raúl Antonio López, ex Viceministro de Seguridad; José Roberto Nochez Melara, Sergio Ernesto Chicas Mejía, Luis Alonso Barrera Peñate, Orlando Elías Molina Ríos, Ramón Fernando Roque Mártir y José Luis Hércules Avalos, todos pertenecientes a diversas dependencias del Ministerio y Centros Penales.
También hay imputados que no se presentaron en tribunales como Flor de María Hernán Alfaro, Julio César Marinero Villalta, Carlos Orlando Fernández, Daniel Antonio Saget Menjívar, José Neftaly Batres Serpas, Udiel Dagoberto Rivas Campos, Juan José Blanco Reyes, Cruz Roberto Guzmán, Heriberto Alcides Gómez, Héctor José Argumedo, Virginia Lilian Chevez Ayala y Juan José Rivas.
Los mencionados habrían realizado movimientos sospechosos de los fondos por medio de la ANDA. La defensa cuestionó que no añadiera al proceso al expresidente de la autónoma, Frederick Benítez.
La captura
La captura en septiembre pasado, con la que inició el proceso, proviene de un aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) en 2019 por el entonces Ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, luego que la Organización No Gubernamental (ONG) manejara fondos de las tiendas penitenciarias que corresponden a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y que los recursos no pudieran ser auditados por la Corte de Cuentas de la República (CCR).
Los exfuncionarios eran directivos de Asocambio.
La ONG creada en 2018 se encargaba de financiar, promover, desarrollar y administrar dichos recursos en las 347 tiendas penitenciarias con lo que generarían fondos para el beneficio de la población de reos y también contrataría personal médico y administrativo para las necesidades.
Asocambio recibió $14 millones en un año, manejo de fondos que no fue auditado por no se parte de las arcas del Estado, sino de una asociación, donde no tiene jurisdicción.
Según la Fiscalía, los fondos fueron utilizados para otros fines, entre ellos, pagos adicionales de salarios, supuestas plazas fantasma, cuentas bancarias y compra de vehículos.
Las investigaciones apuntan que los exfuncionarios que dirigían la organización realizaron compras de la institución fuera de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
