Por: Redacción YSKL
Este lunes, el Concejo Indígena de Sonsonate, presentó en la Asamblea Legislativa, una carta en la que exhortan la aprobación de una ley que garantice justicia para las víctimas del genocidio de 1932.
La iniciativa se da en el contexto de conmemoración de los 90 años de perpetrada la masacre.
“Nos preguntamos porque el país sigue guardando silencio sin que el Estado salvadoreño busque el esclarecimiento”, manifestó uno de los líderes indígenas.
“Varios de los abuelos que apoyaron el esfuerzo ya partieron, pero los que quedan comparten la demanda de las organizaciones indígenas”, enfatizaron.
En ese sentido, solicitan del Gobierno impulso a una política de reparación de víctimas y sus familias, así como de búsqueda de justicia.
Por ello proponen también una comisión especial que esclarezca los crímenes cometidos en el genocidio de 1932.
Además solicitaron al Congreso una Ley de Derechos de Pueblos Indígenas y ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece oportunidades laborales para este grupo poblacional. Y garantizar acceso a recursos naturales como agua, tierras, viviendas, fondos solidarios y programas para mujer y adolescencia indígena.
Los Diputados Rebeca Santos y Samuel Martínez, así como miembros de la bancada de Nuevas Ideas recibieron la solicitud de la organización, y aseguraron que trabajarán por cumplir las demandas desde el Órgano Legislativo como Ejecutivo.
El domingo, en las ruinas de la iglesia La Asunción, conocidas como El Llanito, del municipio de Izalco fue el escenario donde se concentraron al menos 100 indígenas de cinco localidades golpeadas por la represión de Maximiliano Hernández Martínez, Presidente de turno que estuvo al mando de la Fuerza Armada de El Salvador, que perpetró aquella matanza.
La matanza se dio tras una insurrección popular, encabezada por indígenas y campesinos, suscitada en rechazo a una reforma que los despojó de sus tierras comunales y a un fraude electoral.
En julio de 2014 el Congreso salvadoreño ratificó una reforma constitucional que reconoce su existencia.
El genocidio indígena y campesino, tuvo lugar el 22 de enero de 1932 y se cobró la vida de entre 25.000 y 30.000 personas, las voces de varios líderes comunales se alzaron para exigir justicia y pedir al Estado salvadoreño que se comprometa a investigar este caso «para que la muerte de los ancestros no quede impune».
Asimismo, instaron a la sociedad salvadoreña, especialmente a los jóvenes, a respetar los derechos de los pueblos originarios y reconocer el legado que estos transmiten.
La Dirección General de Estadísticas y Censos de El Salvador (Digestyc) reveló, en un estudió realizado en 2007, que en el país centroamericano hay alrededor de un millón de indígenas que representan el 17 % de la población.
Los pueblos indígenas de El Salvador incluyen a los náhuas, pipiles, lencas, kakawiras y maya chortís.
