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Tras la condena a 41 pandilleros y colaboradores por casos de extorsión a vendedores en el Parque Libertad del Centro de San Salvador, el Juzgado Especializado de Sentencia «A» exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar investigaciones al Ministerio de Trabajo por posible tráfico de influencias.
Este caso también se ventiló sobre pandilleros que habrían negociado con el Gobierno, a través de dicha cartera de Estado, para que les entregaran los $300 que cuando fue presentado por el Ejecutivo sería uno por familia.
Los los pandilleros extorsionaban a los vendedores formales y los miembros de la OVI a los informales; además, gestionaron el bono de $300 a estos, con el fin de que $200 se entregaran a la estructura.
La gestión en el Ministerio de Trabajo
Un investigador de la Policía Nacional Civil (PNC) declaró que a través de intervenciones telefónicas a vendedores informales del sector de la Plaza Libertad que pandilleros y familiares no habían recibido los $300 del bono, entre ellos, dos palabreros, por lo que se organizaron para interceder ante el Ministerio de Trabajo.
Fue en abril de 2020, primer mes en el que se entregaron los bonos, que tres equipos de investigación de la PNC se apersonaron al lugar para darle seguimiento al caso, uno de ellos en dicha plaza, otro en el Ministerio de Trabajo y el tercero dando apoyo.
El testigo declaró que varias personas ingresaban a una oficina frente a la cervecería El Levantón y llevaban documentos, en el lugar estaban Norma Aguirre, (condenada a 27 años de prisión) dirigente del OVI, Marco Ulises Landaverde y José Audalí Lico, que luego se dirigieron al Ministerio.
En ese trayecto fueron intervenidos por agentes de la PNC y verificaron la documentación, que eran diversas copias de Documentos Único de Identidad (DUI).
Días después de estas declaraciones, el titular de Trabajo, Rolando Castro, fue cuestionado sobre el caso y se desligó de dicha ayuda a pandilleros, aunque planteó que los dirigentes de vendedores sí llegaron al Ministerio por documentación, que sostuvo se trataba de un sindicato.
El Juzgado pidió a la Fiscalía investigar posibles irregularidades en el Ministerio de Trabajo al instrumentalizar a vendedores para fines electorales, pues en 2020, tras la entrega de los $300 dólares, comenzaron campañas en San Salvador previo a las elecciones de 2021.
