Por: Redacción YSKL
Este viernes, un grupo de ambientalistas se apersonaron a la Alcaldía de Nejapa, para solicitar que se revierta el acuerdo municipal 4B, que ordena desafectar los terrenos del ex Matadero en las faldas del cerro Champantepec, en favor de la empresa Salazar Romero, que pretende construir dos urbanizaciones en la zona.
El decreto 4B permitirá edificar un complejo habitacional sobre la Finca Pasadena, en el Cantón Galera Quemada, en el kilómetro 22 de la Carretera a Quezaltepeque, sin que la empresa cuente con los permisos de la municipalidad, aseguraron las comunidades.
La sociedad Global Developers S.A. de C.V., la cual es subsidiaria de Salazar Romero, ha solicitado la desafectación del terreno para construir las residenciales, Altos de San Gabriel y Villa Floresta, de 300 y 795 viviendas, respectivamente.
Según su denuncia, el proyecto pondría en estrés hídrico el Río San Antonio, fuente de abastecimiento de al menos 10,000 familias.
«El 21 de julio, la Alcaldía desafectó las ordenanzas municipales y el decreto 4B, para la construcción del proyecto. Qué dijo: los proyectos urbanísticos vienen a paliar y disminuir el déficit habitacional. El otro argumento, fue que el terreno es predio valdío, decían que representaba peligro, es hasta risible», señaló Dalia González, miembro del Foro del Agua.
El terreno (de aproximadamente 20 manzanas) donde se construyen los complejos, son de los últimos espacios donde se filtra el agua. El Decreto 4-B prohibía hacer construcciones en el área de influencia, pero no exime de responsabilidad que empresas y particulares talen árboles y extraigan tierra.
«Andan diciendo que son tierras que no sirven para nada. La astucia de ellos es decir eso cuando las tierras las han destruido ellos; Salazar Romero ya está talando y está terraceando una zona que es fuente de agua, porque Nejapa tiene suelos ricos en agua y ellos están contribuyendo que se escasee el agua», señaló un ambientalista consultado.
El decreto 4-B denominado «la agenda del agua», estaba vigente desde el 2014, pero el 21 de julio, el Concejo Municipal dejó sin efecto el mismo.
