Por: Redacción YSKL
Un grupo de ambientalistas de El Salvador va a participar como observadores en el proceso de consulta ciudadana que se va a dar por la mina Cerro Blanco a desarrollarse este domingo 18 de septiembre en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala.
Ese día se espera que las autoridades de Guatemala reciban las delegaciones de observadores de los colectivos ambientales y comunidades de Asunción Mita, que darán fe a la legalidad del proceso de votación.
Según el Código Municipal guatemalteco, ciudadanos de un municipio pueden peticionar a su gobierno local una consulta de vecinos para determinar si están de acuerdo con políticas que afecten sus territorios, incluyendo proyectos de infraestructura, desarrollo y explotación de recursos naturales. Para que la consulta sea vinculante, debe haber una votación del 20% de los solicitantes, el documento fue firmado por 4,000 habitantes.
La bióloga, Silvia Cortés, dijo que la mina Cerro Blanco es una amenaza latente para la conservación de mantos acuíferos salvadoreños, pues la Cuenca Ostúa, de Guatemala, desemboca sus aguas en el Lago de Gúija, a solo 14 kilómetros de la frontera con El Salvador.
«El Ministro de Medio Ambiente ya reconoció esto. Hemos presentado estudios técnicos de esto, científicos extranjeros han comprobado los impactos ambientales que demuestran la inviabilidad del proyecto», señaló.
Los ambientalistas piden al Gobierno de El Salvador pronunciarse abiertamente sobre la posible contaminación de ecosistemas necesarios para el abastecimiento de agua.
La extracción de materiales pétreos de la Mina Cerro Blanco, desprenderá relaves contaminantes que desembocará en aguas salvadoreñas en menos de 40 minutos, advierten ambientalistas.
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— Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) September 16, 2022
El Lago de Güija en Santa Ana, sería el primer cuerpo de agua directamente impactado por la contaminación de la Mina Cerro Blanco, aseguraron.
Según dijeron los defensores, un estudio elaborado por el docente de la Universidad de Utah y experto en minería, Steve Emerman, da cuenta de que la mina producirá suficientes desechos mineros (relaves filtrados) para destruir el ecosistema acuífero en menos de una hora, pues estos serán compactados en una torre, mediante un método denominado «aguas arriba», que aumenta el riesgo de que se mezclen con las aguas del lago de Güija si ocurre un terremoto.
«El estudio dice que si esta torre llega a deslizarse con un terremoto en Guatemala, el relave o desecho va a llegar a la superficie del río Ostua en menos de 12 minutos y llega a la frontera de El Salvador, desde el río Ostúa hasta el lago Güija, en menos de 49 minutos. Ese es el gran problema que estamos descubriendo», menciona el informe.
El estudio también apunta de que la torre va a seguir produciendo drenaje ácido de mina y ese se va a escurrir a través de las quebradas que tributan al río Ostúa y al lago de Güija.
Los colectivos exigieron al Estado salvadoreño que se pronuncie para que el Gobierno de Guatemala cierre las operaciones de la mina.
La minería a cielo abierto se caracteriza por hacer tajos a los cerros, para obtener metales comercializables, especialmente preciosos, a través de técnicas de lixiviación que utilizan grandes cantidades de agua y mueven cientos de toneladas de tierra, causando daños irreversibles en los territorios.
El pasado 21 de noviembre de 2021, la empresa minera canadiense Bluestone Resources, matriz de Elevar Resources presentó una solicitud al Estado de Guatemala para transformar el actual proyecto minero subterráneo Cerro Blanco en una mina de oro y plata a cielo abierto.
Para ese proceso han presentado una actualización de un plan de gestión ambiental, del estudio de impacto ambiental, que data del año 2007, cuando la mina obtuvo el permiso para operar como mina subterránea. En ese momento, la mina obtuvo permiso para operar durante 12 años, procesando 308,000 toneladas anuales en túneles subterráneos.
La actual solicitud reza que se procesarán 4 millones de toneladas anuales. Ese es un volumen 1,200 veces superior a lo establecido o permitido inicialmente. El material procesado será apilado en un área de escombrera que para el cierre de la mina estiman tendrá una altura de 175 metros, lo que le convertirá en el segundo más alto de América Latina.
En 2017, Bluestone Resources adquirió los derechos del proyecto sin tomar en cuenta que la empresa Entremares (Elavar Resources) nunca superó observaciones hechas por un equipo técnico del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala sobre la viabilidad de la misma, y tampoco informó debidamente a la población de Asunción Mita (cerca de las excavaciones) sobre los graves impactos a la salud, medio ambiente y agua.
Los ambientalistas afirman que en 14 años, Cerro Blanco no ha logrado extraer ni una onza de oro o plata, y que de los 63 elementos de infraestructura que fueron aprobados en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA-329-2007), solamente 19 se han construido. Sin embargo desde 1998 hasta 2020 la empresa ha realizado 739 perforaciones para exploración y 17 pozos de abatimiento que desde 2007 han bombeado agua termal continuamente para intentar bajar el nivel freático del acuífero y poder iniciar la extracción.
«El Estado debe darle seguimiento a este tema, es estratégico y de seguridad nacional, es necesario implementar gobernanza transfronteriza sobre estos temas. Nuestra agua viene de Guatemala, y lo que le ocurra esta agua le afecta al pueblo salvadoreño», manifestó Luis González, representante de la Mesa Contra la Minería.
