Piden cumplimiento de Ley de atención a víctimas del desplazamiento forzado

Por: Redacción YSKL

Tres organizaciones de derechos humanos en El Salvador han atendido 2,237 personas en condición de desplazamiento forzado, a partir de la aprobación de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, en 2020.

La legislación sigue sin aplicarse, según las organizaciones, Cristosal, Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y el Servicio Social Pasionista, SSPAS. Ya que no hay un reglamento, una política pública de protección y prevención, implementación de albergues, un registro único de personas en condición de desplazamiento forzado, entre otros que estipula la normativa.

En 2020 y 2022, Cristosal atendió 1,227 personas. La mayoría (56.4%) son mujeres. Aunque en la mayoría son personas adultas, el 3.63% son niños. Entre las causas del éxodo figuran amenazas, amedrentamiento, homicidio de un familiar, lesiones y extorsión. Los victimarios son pandillas (70.7%); civiles (10.8%), desconocidos (7.6%); y cuerpos de seguridad (6.8%).

Durante el mismo período, SPASS atendió 358 personas, identificando que el 91% son mujeres. El 63.4% son pandillas, 16.2% exparejas, el 12.8% policías, 3.6% desconocidos y 4% otros.

Mientras que IDHUCA, atendió a 652 personas. El 52% son hombres. Las principales causas son: amenazas, limitación ilegal a la libre circulación, allanamiento de morada, privación de libertad, homicidio e intento de homicidio. El 71% de los victimarios son pandillas, 15% agentes de estado y 11% otros.

Las oenegés piden al Gobierno cumplir la ley y se articulen acciones para garantizar los derechos de esta población, para así prevenir más casos y sancionar a los victimarios.