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Por: Redacción YSKL
El 23 y 24 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llevará a cabo una audiencia contra el Estado salvadoreño por la muerte de Beatriz, la joven madre que falleció en 2013 y se le impidió interrumpir su embarazo.
«Mi hermana ya no está, pero sigue la lucha de ella y nosotros como familia la hemos retomado y vamos a seguir hasta lograr que se le haga justicia a mi hermana para que ninguna mujer vuelva a pasar lo que mi hermana tuvo que pasar», dijo este lunes, en una conferencia de prensa, el hermano de Beatriz identificado únicamente como Humberto.
La familia de la joven aseguró que optó por solicitar a la Corte Suprema de Justicia, la interrupción del embarazo, luego de que fuera diagnosticada de lupus, pero no obtuvo respuesta.
Médicos le recomendaron tomar esta vía para garantizar un tratamiento adecuado, puesto que estaban a solo días de terminar los 2 meses de embarazo.
Según la demanda interpuesta contra el Estado, Beatriz había sido diagnosticada con Lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea. Un informe médico de 2013 consideró de alto riesgo el embarazo con alta probabilidad de muerte para la madre. También se diagnosticó que el feto era anencefálico, incompatible con la vida extrauterina.
Posteriormente dio a luz a una niña mediante una cesárea, pero la recién nacida falleció porque no tenía cerebro.
Las organizaciones colitigantes también esperan que la CorteIDH «emita una sentencia que condene al Estado salvadoreño por violentar los derechos humanos de Beatriz», quien en 2011 dio a luz a su primer hijo y también padecía de hipertensión y artritis.
Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, dijo que «esperamos que el Estado salvadoreño sea condenado, esperamos que se pueda generar cambios estructurales, que se puedan generar medidas de no repetición (…) que el Estado salvadoreño le repare de manera integral a la familia».
Las organizaciones esperan que la sentencia implique, además de la reparación, con atención psicológica para la familia, sino que se reconozca y se implementen reformas legales que garanticen la «salud sexual y reproductiva en El Salvador».
En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias y son procesadas bajo el cargo de homicidio agravado, y la pena que puede purgar es de 30 años.
La defensa legal de Beatriz presentó una demanda de amparo solicitando la interrupción del embarazo a efectos de salvar la vida de la mujer.
La Sala Constitucional admitió la demanda de amparo y dictó una medida cautelar, pero el 28 de mayo de 2013 declaró «no ha lugar» la demanda, ya que consideró que no hubo una conducta omisiva por parte de las autoridades demandadas que hubiera producido un grave peligro a los derechos a la vida y a la salud de Beatriz.
El 3 de junio de 2013 Beatriz comenzó con trabajo de parto, fue sometida a una cesárea y el feto anencefálico falleció cinco horas después, detalla la demanda.
Según la demanda interpuesta contra el Estado salvadoreño, «presuntamente impidió que Beatriz tuviera la posibilidad de acceder a una interrupción legal, temprana y oportuna al tratarse de una situación de alegado riesgo a la vida, salud e integridad personal; así como de inviabilidad del feto con la vida extrauterina», explicó la Corte.
