Litigantes en proceso judicial del caso Monseñor Romero afirman que no existen avances sustanciales

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Foto: Cortesía. Imagen de referencia.

Por: Redacción YSKL

El equipo de abogados de la organización de derechos humanos de Tutela Legal que participan como querellantes en el proceso judicial relacionado a la reapertura del caso sobre el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, afirmaron que la situación de dicho proceso penal está siendo dilatado, debido a la falta de proactividad en la investigación que lleva la Fiscalía General de la República desde 2018.

Según uno de los representantes de Tutela Legal Alejandro Díaz Gómez, actualmente el caso se dirime en el Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador que, en el año de 2017, reaperturó el proceso ordenando la detención de uno de los acusados de ser el actor intelectual y material del crimen ocurrido el 24 de marzo de 1980 en la capilla del Hospital Divina Providencia en la colonia Miramonte en la ciudad capital.

“El magnicidio de Monseñor Romero en el año de 2017 se aperturó su proceso judicial nuevamente en el Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador y presentamos elementos de prueba que no se habían agregado en el caso de 1980, como fueron el Informe de la Comisión de la Verdad, el caso Fresno del año 2004, también el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2000 y vemos a estas alturas que no se han investigaciones que sean suficientes, que sean contundentes, para llegar a la verdad, para llegar a la justicia en este caso que ha sido obstaculizado por años”, dijo Gómez.

El informe de la Comisión de la Verdad de 1993 señaló que el asesinato del ex arzobispo de San Salvador fue planificado y orquestado el mismo día del crimen por un grupo de militares encabezados por los ex capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila quienes recibieron la orden de matar al religioso por parte de un importante político de ese momento.

En este sentido, para el miembro del equipo litigante en el caso Ovidio Mauricio Gonzales, existen retrasos en el proceso penal contra los posibles responsables del magnicidio por intereses particulares.

Tutela Legal espera que el Ministerio Público Fiscal informe sobre algún tipo de avance en la investigación para que, de esta forma, el caso pueda avanzar a la siguientes instancias judiciales.