Por: DW
Los fundadores del desaparecido despacho panameño de abogados Mossack Fonseca, protagonista del escándalo internacional de los llamados «Panama Papers», son juzgados desde este lunes por presunto blanqueo de capitales en el caso «Lava Jato» de Brasil.
Jürguen Mossack y Ramón Fonseca son juzgados en Panamá, junto a otras 30 personas, en una audiencia en la que se declararon inocentes de los que cargos que se les imputan.
La Fiscalía acusa al bufete Mossack Fonseca, que cerró sus oficinas en 2018, de ser una «organización criminal» dedicada a ocultar activos vinculados al caso «Lava Jato». Este escándalo sacó a la luz sobornos de empresas constructoras brasileñas, entre ellas Odebrecht, a funcionarios de varios países de América Latina para ganarse contratos de obras públicas entre 2005 y 2014.
«Tenemos a 32 personas acusadas por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales», dijo la fiscal Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto. Hay «elementos de convicción que fueron recabados en asistencia judicial internacional por parte de Brasil, testigos, acuerdos de colaboración y documentación bancaria que vamos a poder verter en este acto de audiencia», agregó.
La ley panameña establece de 5 a 12 años de cárcel, con posibilidad de aumentar la pena hasta 6 años adicionales, por el delito de blanqueo de capitales.
Durante el inicio del juicio, tanto Mossack como Fonseca -además del resto de las personas imputadas- se declararon inocentes. La acusación «es ridícula», manifestó Fonseca, quien siguió el comienzo del juicio a distancia, al contrario que Mossack, quien sí estuvo presente en la sala.
Según la Fiscalía panameña, la investigación -que consta de 299 tomos- se inició en 2016 por hechos noticiosos relacionados con la operación «Lava Jato» en Brasil, y donde se vinculaba presuntamente a una oficina de abogados en Panamá dedicada a la creación de sociedades anónimas.
Mossack y Fonseca estuvieron detenidos de manera preventiva en 2017 por este caso, que es independiente al de los «Panama Papers».
El escándalo de «Panama Papers» se dio tras una filtración de documentos en 2016 que reveló su participación en la creación de numerosas sociedades off-shore para personalidades de todo el mundo. Algunas de esas sociedades habrían sido utilizadas para evadir impuestos o blanquear capitales.
Desde 2019, Panamá castiga con pena de cárcel la evasión fiscal superior a los 300.000 dólares anuales. Anteriormente, en el país centroamericano, este delito era considerado solamente una falta administrativa.