Por Redacción YSKL
La Corte de Richmond, Virginia, en Estados Unidos, continuó este miércoles con el juicio migratorio en contra de uno de los militares salvadoreños vinculados a la Masacre de El Mozote. Se espera que este jueves se dé el veredicto para determinar si será deportado o no al territorio salvadoreño.
El proceso en contra del Coronel retirado, Roberto Antonio Garay Saravia, inició ayer para establecer si es viable su deportación a El Salvador, donde sería procesado por su presunto papel en la masacre que ocurrió en en Morazán, en 1981.
En la primera parte de la jornada, la defensa de Garay solicitó que el caso proceda bajo reserva, pero la petición fue rechazada por el juez.
Al inicio del juicio, celebrado este martes, una investigadora y docente en Ciencias Políticas, Terry Karl, testificó que el militar salvadoreño formó parte del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, comando vinculado a la masacre.
Oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés), arrestaron a un ciudadano salvadoreño el 4 de abril por ayudar o participar de otra manera en ejecuciones extrajudiciales y por tergiversar deliberadamente este material hecho en su solicitud de inmigración.
Garay es un militar retirado de las Fuerzas Armadas de El Salvador, quien durante su servicio activo participó en múltiples operaciones, incluida la Masacre de El Mozote, donde murieron más de 1,000 civiles adultos y niños.
“Las personas que han cometido atrocidades en el extranjero no encontrarán refugio seguro en los Estados Unidos”, dijo el subsecretario de Seguridad Nacional, John K. Tien.
«Las personas involucradas en acciones atroces, como ejecuciones extrajudiciales, no podrán permanecer en los Estados Unidos”, dijo el director de la oficina de campo en Newark, John Tsoukaris.
De 1981 a 1985, Garay Saravia fue comandante de sección en una unidad especializada de contrainsurgencia conocida como el Batallón Atlacatl, que ha estado directamente implicado en numerosas atrocidades, incluida una operación de diciembre de 1981 ahora conocida como la Masacre de El Mozote, en la que más de 1,000 civiles, más de la mitad de los cuales eran niños, fueron asesinados. Garay Saravia también estuvo desplegado en otros tres operativos en el departamento de Cabañas, La Quesera y El Calabozo que resultaron en la masacre de cientos de civiles no combatientes.
Luego de la culminación de la guerra civil, Garay Saravia fue ascendido y terminó su carrera como coronel en la Fuerza Armada; posteriormente se trasladó a Estados Unidos, justo un mes después que se promulgara la Ley de Amnistía, en 1993. Misma que fue derogada en 2015, por la Sala de lo Constitucional.
La investigación fue iniciada y desarrollada por el Centro de Crímenes de Guerra y Violadores de Derechos Humanos de HSI (HRVWCC). HSI San Salvador y HRVWCC obtuvieron pruebas relacionadas con las violaciones de derechos humanos.
El militar salvadoreño será procesado por los tribunales de inmigración de Newark y Filadelfia, aseguró el ICE en un comunicado de prensa.
En 2008, ICE creó el HRVWCC. Dirigido por HSI, el HRVWCC aprovecha el conocimiento y la experiencia de un grupo selecto de agentes especiales, abogados, analistas de inteligencia, especialistas en investigación criminal e historiadores.
Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.725, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 660 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.
En El Salvador, además de Garay, figuran en la acusación el exministro de la Defensa Guillermo García. Todos enfrentan cargos de asesinato, violación, privación de libertad, violación de morada, robo, daños, estragos, actos preparatorios de terrorismo y terrorismo, delitos elevados a la categoría de crímenes de guerra.
El Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, donde inició el proceso contra los castrenses, autorizó en agosto de 2019 que Garay Saravia fuera intimado en el proceso penal a través de sus abogados pero tenía que se presentarse a firmar en el consulado de El Salvador en Nueva Jersey, el día 15 de cada mes.
En esa ocasión, los abogados defensores del militar en retiro presentaron partida de matrimonio, hipoteca y comprobantes de pago de servicios de agua y energía del acusado.
