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Por: Redacción YSKL
Con 65 votos de diputados del oficialismo, la Asamblea Legislativa aprobó en la Plenaria del miércoles un informe final de la Comisión Especial que investigó fondos otorgados a ONG afines a políticos. Las investigaciones comprenden los años 2011 a 2021.
Según los resultados, se identificaron que se realizaron «procedimientos ilegales» para beneficiar con recursos a algunas de ellas, y establecieron los montos que recibieron e individualizaron a los políticos involucrados.
El informe concluye que los delitos que podrían haber cometido los exfuncionarios son peculado, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. Los parlamentarios informaron que presentarán un aviso a la Fiscalía General de la República para que inicie una investigación penal y deduzca responsabilidades.
“Son muchas las ONG a las que se les otorgaron los recursos que pudieron haber servido para proyectos del Ejecutivo, y todas tienen algo en común: mecanismos opacos y cero auditoría, y además que pertenecían a ex diputados de esta Asamblea Legislativa», aseguró la Diputada Alexia Rivas, quien presidió la comisión.
De acuerdo al informe, cuando el proyecto de Presupuesto General de la Nación llegaba a la Comisión de Hacienda, los montos se reajustaban y se asignaban a las diferentes carteras de Estado, como lo establece la ley. Sin embargo, quedaba un sobrante de dinero, llamado ‘cola presupuestaria’, era repartido entre las asociaciones y fundaciones, cuyas directivas eran diputados de ARENA, FMLN, entre otros partidos cercanos.
El equipo de peritos dijo que en ese lapso no se llevó una contabilidad formal, no se presentaron balances anuales y no se rindieron informes sobre el uso del dinero ante el Registro de Organizaciones y Fundaciones no Gubernamentales del Ministerio de Gobernación. Pese a ello, cada año, esas organizaciones recibían fondos públicos.
Otra irregularidad detectada es que no hubo inscripción de juntas directivas de las ONG, ni registros de miembros activos. Además, se evidenció la participación de diputados y empleados activos de la Asamblea Legislativa, funcionarios y familiares de estos dentro de las fundaciones mientras se les otorgaba los fondos. Incluso, se les asignaban fondos a las ONG sin que estas hicieran peticiones formales o sin que se detallara el proyecto en el que se requería el financiamiento.
ONG investigadas
El estudio elaborado por el equipo legal abarcó a la Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES), Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas), Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (FUNDASPAD), Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PROVIDA), Asociación para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades en El Salvador (APDEMES), Asociación de Mujeres Tecleñas (ATM), Fundación Ambientalista de Santa Ana (FUNDASAN), Pro Basket – Quique Samour y La Factoría Ciudadana.
Algunas de estas fundaciones no fueron parte de los mecanismos de asignación de recursos, incluso, dijeron que eran las que menos dinero recibían.
La diputada Rivas comunicó que entre las irregularidades detectadas durante el estudio se encuentra el otorgamiento de fondos públicos a última hora, sin una solicitud previa. Además, se le emitían los recursos económicos sin dejar registro o documento alguno que reflejara este proceso.
“Dentro de las investigaciones pudimos ver algunas irregularidades. No existía a una solicitud previa para que dentro de la Comisión de Hacienda, que era dirigida por la exdiputada Lorena Peña y como secretaria Milena Calderón”, sostuvo.
En las conclusiones, la Asamblea acordó que los hallazgos sean enviados a la Fiscalía General de la República (FGR) para que proceda a investigar cometimiento de delitos.
