Por: Redacción YSKL
El equipo de abogados que asesoró legalmente a la comisión legislativa que investigó la entrega de fondos públicos a organizaciones no gubernamentales entre 2011 y 2021, entregaron este jueves al Fiscal General de la República el informe final con los hallazgos.
La cuenta de redes sociales de la Asamblea Legislativa comunicó que los juristas entregaron al jefe del ministerio público, Rodolfo Delgado, una denuncia para que investigue y defina la responsabilidad de los señalados, ex diputados de ARENA y FMLN que, según las investigaciones, se valieron de su cargo en el congreso para desviar fondos hacia fundaciones y organismos sin fines de lucro que dirigían.
“En él (informe) se han recopilado elementos indiciarios, como erogaciones a ONG, sin ningún tipo de requisito no tenían balances, credenciales al día ni liquidaciones de proyectos y aún así recibieron cantidades de dinero. Se hizo un análisis y se identificó que, de 2011 a 2020, se desviaron a ellas $279 millones”, indicó Mario Machado, uno de los abogados que asistió el proceso.
Entregamos el informe final de la comisión #ONGFachada🔎 a la @FGR_SV, el cual contiene suficientes elementos indiciarios para que esta entidad realice los estudios necesarios y determine el cometimiento de delitos. El tiempo de la justicia selectiva se acabó. 👊🏻 pic.twitter.com/yyfjEaRw9l
— Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) September 29, 2023
Machado dijo que una persona que formaba parte de la Asamblea, que era miembro de la comisión de hacienda y de una ONG, se autodepositaba fondos, «lo que puede obedecer a peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero».
De acuerdo al informe, cuando el proyecto de Presupuesto General de la Nación llegaba a la Comisión de Hacienda, los montos se reajustaban y se asignaban a las diferentes carteras de Estado, como lo establece la ley. Sin embargo, quedaba un sobrante de dinero, llamado ‘cola presupuestaria’, era repartido entre las asociaciones y fundaciones, cuyas directivas eran diputados de ARENA, FMLN, entre otros partidos cercanos.
El equipo de peritos dijo que en ese lapso no se llevó una contabilidad formal, no se presentaron balances anuales y no se rindieron informes sobre el uso del dinero ante el Registro de Organizaciones y Fundaciones no Gubernamentales del Ministerio de Gobernación. Pese a ello, cada año, esas organizaciones recibían fondos públicos.
Otra irregularidad detectada es que no hubo inscripción de juntas directivas de las ONG, ni registros de miembros activos. Además, se evidenció la participación de diputados y empleados activos de la Asamblea Legislativa, funcionarios y familiares de estos dentro de las fundaciones mientras se les otorgaba los fondos. Incluso, se les asignaban fondos a las ONG sin que estas hicieran peticiones formales o sin que se detallara el proyecto en el que se requería el financiamiento.
El informe concluye que los delitos que podrían haber cometido los exfuncionarios son peculado, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.
ONG investigadas
El estudio elaborado por el equipo legal abarcó a la Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES), Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas), Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (FUNDASPAD), Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PROVIDA), Asociación para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades en El Salvador (APDEMES), Asociación de Mujeres Tecleñas (ATM), Fundación Ambientalista de Santa Ana (FUNDASAN), Pro Basket – Quique Samour y La Factoría Ciudadana.



















