Por Redacción YSKL
Este jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una Audiencia Pública, con relación a los casos de presuntas desapariciones forzadas, reportadas en el contexto del régimen de excepción.
En representación de la sociedad civil, el integrante de Cristosal, David Morales, se refirió a un total de 5,775 personas que habrían sido víctimas de vulneraciones a los derechos humanos como resultado del decreto, entre marzo de 2022 y septiembre de 2023, con base en informes de siete organizaciones.
“Estas cifras reflejan los abusos generalizados que se han ocasionado a decenas de miles de personas”, expresó.
Asimismo, detalló que se han atendido 327 denuncias por desapariciones forzadas a través de dichas organizaciones, siendo los elementos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada los principales señalados. En cuanto a la información estatal, se determinaron alrededor de 6,400 casos de desapariciones, las cuales habrían sido perpetradas en su mayoría por pandillas, como resultado de venganzas, la negativa de las víctimas para unirse a dichas estructuras y otros motivos, entre 2019 y 2022.
Al respecto, remarcaron que existe una ausencia de mecanismos y herramientas que contribuyan en cuanto a la búsqueda de las víctimas que son reportadas, por lo que solicitaron al Estado admitir la existencia de dichas problemáticas en el país, y tome medidas, como la actualización y el otorgamiento de información a las familias sobre los avances de las investigaciones.
También lo exhortaron a “crear un registro nacional de personas desaparecidas, y debatir la posibilidad de crear una Ley General sobre Desapariciones y una Comisión de Búsqueda”.
“Solicitamos a la Comisión que continúe monitoreando la situación de derechos humanos en El Salvador, y que debido al grave deterioro del Estado Democrático, considere a El Salvador en su capítulo 4-B de su informe anual”, concluyó la integrante de la Fundación de Derecho para el Debido Proceso (DPLF), Victoria Barrientos.
Por su parte, en representación del Estado, el Comisionado de los Derechos Humanos, Andrés Guzmán, negó la versión de las organizaciones y enfatizó que los datos no son creíbles, puesto que no provienen de fuentes oficiales; aseguró que la implementación de la medida de seguridad ha contribuido a solventar la situación de violencia generada por las pandillas en El Salvador, “por hace más de 20 años”.
“Las desapariciones y extorsiones aumentaron exponencialmente, por lo que en el 2015, El Salvador recibió la calificación como el país más violento del mundo. El accionar violento de las maras y pandillas superó el número de personas asesinadas en la guerra; son más de 100 mil asesinados, entre trabajadores, estudiantes, profesionales, religiosos, policías, militares, entre otros”, manifestó Guzmán.
También se refirió a la tasa de homicidio, la cual era de 103 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2015; mientras que ahora disminuyó a un 2.3 por cada 100 mil habitantes.
Con el régimen, “más de 72 mil terroristas, entre ellos pandilleros y colaboradores, han sido capturados y están siendo procesados por distintas imputaciones”. También mencionó que dentro de estas, “cerca de 7 mil personas han sido puestas en libertad”, pero explicó que no significa que “todas han sido sobreseídas” porque “será un juez el que valore las pruebas y defina la culpabilidad o inocencia”.
Otro de los planes para atender los delitos, son la creación de unidades dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) y otros entes del Estado que atiendan feminicidios, desapariciones y violaciones a los derechos de las mujeres, niños, adolescentes y otros grupos vulnerables.
“Todo esto tiene resultados contundentes. El promedio de casos desde enero de 2013 a diciembre de 2019, fue 3,546 casos, por año, con una tasa de 57 por cada 100 mil habitantes; el promedio de casos desde 2020 hasta octubre del 2023 es de 219 por año, con una tasa de 4 por cada 100 mil habitantes, atendiéndose el 70% de los casos atendidos”, dijo el funcionario.
Con relación a los señalamientos de desapariciones forzadas durante el régimen de excepción, aseveró que “esto es totalmente falso. En este punto quiero precisar que la legislación salvadoreña hace una clara distinción de tipos penales asociados a la distinción de personas”.
“Considero que es justo que se reconozca por parte de los organismos de derechos humanos la falsa afirmación de que desapariciones forzadas durante el régimen de excepción siquiera existan. Quiero dejar claro, por ejemplo, que en el 2023, la FGR no ha recibido una sola denuncia sobre este tipo de delitos”, agregó.
Los titulares de la Comisión destacaron la importancia en que el Estado efectúe investigaciones relacionadas a los hechos denunciados por las organizaciones, y recalcó la necesidad de tomar en cuenta la concepción de “desaparición forzada”, en la que se establece el papel de las fuerzas estatales.
