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Por Redacción YSKL
El 16 de noviembre de 1989, seis sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA) y sus dos colaboradoras, madre e hija, fueron asesinados por fuerzas del Estado, en el marco de la Guerra Civil.
Luego de que se hiciera público el atentado, obtuvo interés a nivel internacional, lo cual incitó a reforzar las peticiones de cese al fuego, impulsando a la consignación de un acuerdo negociado para detener la guerra.
El hecho se dio luego de que el coronel Juan Orlando Zepeda, viceministro de Defensa, acusara de manera pública a la casa de estudios superiores, de funcionar como un centro de operaciones terroristas para guerrilleros.
Según informes, el entonces coronel, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, se reunió con oficiales bajo su mando, el 15 de noviembre de 1989, para informarles que el Estado Mayor consideraba que la “ofensiva rebelde” debía ser eliminada, por lo cual, un pelotón del denominado batallón Atlácatl, ejecutó un operativo para asesinar al sacerdote Ignacio Ellacuría de Beascoechea, al día siguiente.
Posteriormente, para no dejar testigos, también fueron asesinados los sacerdotes Ignacio Martí Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo, José Joaquín López López, Armando López Quintana; y las colaboradoras, Julia Elba Ramos, y su hija, Celina M.
En el año 2,000, luego de la Ley de Amnistía declarada en 1993, se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) del sacerdote Jesuita José María Tojeira, contra los autores mediatos o intelectuales de la masacre, entre estos, el expresidente, Alfredo Cristiani.
Asimismo, se incluyó a los militares René Emilio Ponce, quien era Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada; Juan Rafael Bustillo, era comandante de la Fuerza Aérea; Inocente Orlando Montano, quien fungía como viceministro de Seguridad; Juan Orlando Zepeda Herrera, miembro de “La Tandona» y exviceministro de Defensa; Francisco Elena Fuentes, comandante de la Primera Brigada de Infantería en San Salvador; Rafael Humberto Larios López, General y era Ministro de Defensa.
Se les atribuía el delito de asesinato, Art. 154 del Código Penal derogado (1973) en perjuicio de las ocho víctimas.
