Por: Redacción YSKL
En el marco del 42 aniversario de la masacre en el caserío El Mozote y lugares aledaños, perpetrada por unidades del Batallón Atlácatl de la Fuerza Armada de El Salvador, entre el 9 y 13 de diciembre de 1981 durante el pasado conflicto armado interno, la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, asistió a un acto y durante su intervención reconoció que persiste una deuda por parte del Estado en cuanto a la justicia y la reparación material de las víctimas.
“Los anhelos de verdad, justicia y reparación integral continúan más vigentes que nunca. Son parte esencial de la vida de quienes vivieron e inspira a los familiares de quienes perdieron sus vidas a luchar incansablemente por el reconocimiento estatal con miras a garantizar de que lo aquí acontecido jamás vuelva a repetirse”, dijo la funcionaria.
Caballero en su alocución dirigida a parientes de las asesinados del conflicto y vecinos de las localidades vecinas destacó que “el Estado salvadoreño persiste en su deuda histórica transgeracional con las víctimas, por ello se requiere de un abordaje integral que involucre activamente a todas las instituciones públicas”.
En la misma línea, la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) hizo un llamado al ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, como responsable de coordinar el Programa de Reparaciones para el Desarrollo Social Integral El Mozote y lugares aledaños, con el fin de que provea de soluciones efectivas a los pobladores en conjunto con otras instituciones del gobierno.
“Quiero hacer un llamado vehemente al ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, como responsable de coordinar el programa de reparaciones ordenas en el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, a que conjuntamente con las personas titulares de las carteras de Relaciones Exteriores, Hacienda, Economía, Educación, Agricultura y Ganadería, Salud, Obras Públicas, Vivienda, Desarrollo Local y Cultura provean de soluciones efectivas mediante la implementación de programas sociales que comprendan medidas de satisfacción, restitución, rehabilitación y garantías de no repetición”, expresó Caballero.
Caso judicial estancado
Respecto al proceso judicial sobre la masacre, la organización CRISTOSAL apunta a que el proceso penal ha tenido un estancamiento por parte del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, debido a que se desarrollan actividades dilatorias que no ahondan en la investigación de los hechos.
Además aseguran que hasta la fecha más de 80 testigos han rendido sus declaraciones entre los que se encuentran sobrevivientes, familiares de víctimas y desplazados. En la misma línea, la ONG manifiesta que existe los suficientes elementos de prueba, tanto pericial, documental y testimonial, para que el caso avance de forma expedita a la siguiente etapa procesal.
Según los recuentos por parte de organizaciones de derechos humanos, durante la masacre de El Mozote fueron asesinados alrededor de 988 personas, entre los que se encuentran niños y mujer, hecho que queda como uno de los asesinatos en masa más crueles e inhumanos en la región latinoamericana en el siglo XX.



















