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Por Redacción YSKL
El Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque realizó este miércoles la audiencia preliminar por el caso de los seis líderes comunitarios de Santa Marta, acusados del secuestro, tortura y asesinado de una mujer en 1989, en el marco del conflicto armado.
Los representantes de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES Santa Marta), se aglutinaron frente a las instalaciones del juzgado para pedir el sobreseimiento definitivo y cierre del caso.
La defensa técnica les aseguró que, tras un año de investigación de la Fiscalía General de la República, no se han encontrado pruebas que demuestren la existencia de los delitos imputados y la participación de los detenidos en su cometimiento.
“En las diligencias de exhumación realizadas durante la última semana de junio de 2023 no fue encontrado el cadáver de la supuesta víctima en el lugar que el testigo de la Fiscalía señaló. Sin ningún elemento probatorio que supla esa fundamental ausencia, este caso no puede pasar a vista pública y debe ser cerrado porque no hay pruebas”, valoró el miembro de ADES Santa Marta.
Además, enfatizó en que no se puede proceder dicha la diligencia como delito de lesa humanidad, puesto que no se corresponde con la definición establecida en el Estatuto de Roma y en los demás instrumentos del derecho internacional, dado que el delito no habría sido parte de “un ataque sistemático y generalizado contra la población civil”.
“Este caso no existe, pero aun si existiera seria improcedente legalmente porque ya prescribió, según la legislación penal que se está aplicando, y porque estaría cubierto por la exención de la acción penal establecida por la Ley de Reconciliación Nacional aprobada el 23 de enero de 1992 y puesta nuevamente en vigencia por la Sentencia de Inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía el 13 de julio de 2016”, añadió.
Representantes de la Comunidad Santa Marta y ADES manifestaron su apoyo a los excombatientes que son procesados en el caso. Agregaron que uno de los procesos de exhumación realizado por la Fiscalía no encontraron el cadáver de la supuesta víctima.
Vía @GerardoJvlYSKL pic.twitter.com/HbevvF0vMe— Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) April 3, 2024
Asimismo, los representantes de la asociación mencionaron que no se está buscando la “verdad y justicia sobre un supuesto crimen de la guerra, sino una manipulación e instrumentalización de la Fiscalía y el sistema judicial para criminalizar y perseguir penalmente al activismo social”.
Este último punto lo argumentaron explicando que los excombatientes son defensores contra la reactivación de la minería metálica.
Durante la concentración, se contó con la presencia de representantes de embajadas de distintas naciones, los cuales solicitaron ingresar a las instalaciones, pero solamente permitieron a Canadá.
