Víctimas del caso Baterías Récord denuncian exclusión en acuerdos y falta de transparencia judicial

Por Redacción YSKL

Los representantes de la organización Tutela Legal «Dra. María Julia Hernández», y del Comité Ambiental de Sitio del Niño y la Asociación de Exempleados de Baterías de El Salvador, expresaron su preocupación este jueves, por la falta de transparencia en el proceso judicial relacionado con el caso de contaminación con plomo en El Salvador.

El abogado de Tutela Legal, Alejandro Díaz, destacó la necesidad de denunciar arbitrariedades y atropellos por parte de quienes deberían apoyar a las víctimas.

«Estamos denunciando nuevamente arbitrariedades y atropellos por parte de quienes deberían apoyar a las víctimas. Este día presentamos un comunicado, en representación de la organización, en relación a las actuaciones de la Fiscalía, específicamente sobre la falta de información y transparencia en el Caso Batería Récord», dijo Díaz.

Según indicaron, Ofilio Gurdian Lacayo, propietario de Baterías de El Salvador (BAES), fue capturado en Colombia por la Interpol en noviembre del año anterior, pero la falta de información sobre su extradición ha generado incertidumbre en las comunidades afectadas. Además, se señala que Lacayo ha llegado a acuerdos económicos con algunas víctimas, excluyendo a otras que no han sido incluidas en procesos legales o de atención integral de salud.

Las organizaciones resaltaron que la falta de transparencia en estos acuerdos y en el proceso judicial de Lacayo ha generado malestar y confusión entre las comunidades afectadas. Por ello, exigieron a la Fiscalía brindar detalles sobre la captura, extradición y acuerdos económicos realizados por Lacayo, así como sobre su situación procesal, para que pueda responder judicial y civilmente a todas las víctimas del caso.

Además, solicitaron una investigación sobre las muertes relacionadas con la contaminación, indemnizaciones para las familias afectadas y la remoción definitiva de los desechos dentro de BAES. También pidieron atención especializada para las víctimas y una remediación ambiental en la zona afectada.

Se aclaró que la organización representa a las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violaciones graves a los derechos humanos, incluida la negligencia del Estado en este caso. Además, se informó a esta instancia sobre la exclusión de muchas víctimas del proceso judicial y la negativa del Estado a retirar los desechos de la ex fábrica de manera definitiva.