MINED propone regular instituciones de educación superior públicas y privadas bajo acreditación obligatoria aplicada por nuevo Consejo

Universidad de El Salvador (UES).

Por Redacción YSKL

El Ministerio de Educación (MINED) presentó la propuesta de «Ley de Educación Superior» ante los diputados de la Asamblea Legislativa, con la cual se establecería un marco regulatorio para las instituciones de educación superior, tanto estatales como privadas.

Dicha iniciativa tiene por objetivo principal promover el desarrollo humano y económico sostenible a través de la investigación, la formación de profesionales competentes y la difusión del conocimiento, el arte y el deporte.

La iniciativa de ley establece que la Educación Superior será parte del Sistema Nacional de Educación y está bajo la supervisión del Ministerio de Educación (MINED), así como del Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo Nacional de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (CONACES).

El MINED será el responsable de velar por el cumplimiento de la Ley y la actualización de la Política Nacional de Educación Superior, mientras que el CES es una instancia consultiva para políticas de Educación Superior.

Por su parte, el CONACES sería el encargado de gestionar el Sistema Nacional de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, con el propósito de asegurar que las instituciones cumplan con estándares de calidad.

Este sistema estaría conformado por cinco académicos reconocidos a nivel nacional e internacional, designados por la cartera de Educación, y será responsable de elaborar el manual de acreditación, implementar procesos de acreditación, establecer criterios de acreditación, otorgar la acreditación institucional y de programas, entre otras funciones.

Un punto a destacar es que la acreditación institucional es obligatoria para todas las instituciones de educación superior autorizadas. El proceso de acreditación institucional tendrá una duración de cuatro, seis u ocho años, dependiendo de los resultados de la evaluación.

Las instituciones de Educación Superior acreditadas podrán recibir diversos incentivos, como fondos estatales para investigación científica y programas de innovación, acceso prioritario a programas de movilidad académica y becas, entre otros.

Sin embargo, aquellas que cometan faltas estarán sujetas a sanciones que pueden incluir amonestaciones, suspensiones de programas o cancelación de la autorización de funcionamiento de la institución.

En ese sentido, el procedimiento para imponer sanciones por incumplimiento de la ley o faltas graves está regulado por el MINED. Dichas faltas se clasificarán como graves y muy graves.

Las primeras pueden darse por casos como negar el ingreso por motivos discriminatorios, mientras que entre las segundas se menciona iniciar actividades académicas sin autorización.

Las resoluciones del procedimiento administrativo pueden ser apeladas mediante recursos de reconsideración o apelación ante la Dirección Nacional de Educación Superior del MINED.

De ser aprobado, el anteproyecto de decreto entrará en vigencia tras ocho días de haberse publicado en el Diario Oficial.

Posteriormente, tras seis meses, el CONACES deberá disponer de un plan para iniciar el proceso de acreditación de las instituciones de educación superior. En este plazo deberá contar con su reglamento especial y la normativa necesaria para su funcionamiento, siguiendo el
procedimiento para el ejercicio de la potestad normativa, regulado en la Ley de Procedimientos Administrativos.