Por: Redacción YSKL
Este viermes, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó requerimiento en contra del alcalde de San Luis La Herradura, Napoleón Armando Girón Iraheta y el jefe de catastro, Augusto Ticas Linares quienes serán procesados por los delitos de incendio y actos arbitrarios.
El pasado 13 de mayo, ambos imputados ordenaron el desmantelamiento y destrucción de varios negocios dedicados a la venta de alimentos.
Estos negocios estaban ubicados en la entrada de un balneario municipal de la Costa del Sol.
El Tribunal de Medio Ambiente de la jurisdicción de San Salvador ya había emitido una resolución para el desalojo de los negocios, sin embargo, los imputados sobrepasaron la decisión de la sede judicial, quemando los establecimientos.
¿Qué dijo el juez?
El Juzgado Ambiental de San Salvador, con sede en Santa Tecla, emitió una nueva resolución para aclarar el caso de los vendedores ubicados frente al Turicentro de la Costa del Sol, desmintiendo la supuesta orden de desalojo inmediato y otras actividades como la quema de ramadas.
La resolución del tribunal, fechada el 15 de mayo de 2024 y publicada en una nota periodística de La Prensa Gráfica, atribuyó el malentendido a una «mala interpretación» por parte de la Municipalidad de La Paz Centro acerca de las medidas cautelares. Dichas medidas se limitaban a verificar los permisos de los comerciantes y proceder dentro de su competencia municipal.
El plazo de 24 horas otorgado tenía como fin la verificación de los permisos y la situación de las ramadas. En caso de no contar con los permisos requeridos, se debía suspender la actividad, una medida que, según la resolución, «dista mucho de la interpretación que se ha querido dar».
En su nueva resolución, el Juzgado ordena a la Municipalidad de La Paz Centro abstenerse de realizar cualquier actividad de quema en el área de playa en un plazo de cinco días a partir de la notificación. Además, insta a negociar una reubicación de los afectados, ya sea en el Parque Recreativo Costa del Sol o en un lugar designado por el gobierno local.
Actual legislación
La Ley Forestal de El Salvador establece que provocar incendios en los bosques naturales y plantaciones forestales es sancionado con 20 o 25 salarios mínimos por hectárea dañada.
Además, el Código Penal establece una condena hasta de 6 años de cárcel para aquellos que provoquen un incendio forestal.
