Nombran a Abogado Gerardo Muñóz como Secretario Jurídico de Casa Presidencial

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Por: Redacción YSKL

La Presidencia de la República de El Salvador dio a conocer a tempranas horas de este miércoles, los primeros miembros que formarán del gabinete del Presidente Nayib Bukele, para el segundo mandato.

El nuevo equipo de funcionarios, comunicó la Casa de Gobierno, tendrán la responsabilidad de «mantener los históricos resultados en seguridad, mientras se resuelven otras necesidades importantes, comenzando por la economía».

El primer funcionario designado ha sido el Abogado Gerardo Muñoz Cisneros, quien tomará las riendas de la Secretaría Jurídica de Casa Presidencial.

Muñoz Cisneros fue parte del equipo Ad-hoc de abogados que elaboró el anteproyecto de reformas constitucionales, que encabezó el Vicepresidente Félix Ulloa, en su primer mandato.

Muñoz ya era asesor jurídico de la vicepresidencia en el período 2019-2024, en sus inicios ocupó diversas funciones dentro de la Fiscalía General de la República, para después dedicarse a la asesoría legal, principalmente en derecho constitucional civil y mercantil.

El segundo nombramiento corresponde al Presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST) que será dirigida por Rodrigo Ayala Claros, Diputado de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa.

Ayala Claros es Economista y Licenciado en Ciencias Políticas, con una especialización en Administración de Empresas. En política ha fungido como Directivo del congreso salvadoreño y ha sido consultor y analista en diferentes instituciones públicas y privadas.

La oficina de gobierno también informó que evaluará «extensa, detallada y responsable» los perfiles de funcionarios «más idóneos, asegurando que cumplan con las credenciales del cargo y con los objetivos planteados en el nuevo mandato presidencial».

Los nombramientos continuarán anunciándose durante los próximos meses, según la Presidencia, en paralelo, el Ejecutivo continuará «fiscalizando el quehacer de los funcionarios, y el manejo que realicen de los recursos públicos para prevenir irregularidades y reducir responsabilidades en caso de infringir la Ley».