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Por Redacción YSKL
Los diputados de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, conocieron una iniciativa enviada por el Ministerio de Economía para que se reforme la Ley de Bancos y se elabore un marco regulatorio para el establecimiento de la banca privada de inversión.
Las reformas parten de la necesidad de modernizar la regulación financiera salvadoreña para adaptarse a las tendencias internacionales y a las nuevas oportunidades en el sector financiero.
Con base a la iniciativa, se establece que los bancos privados de inversión son entidades financieras que operan exclusivamente con inversionistas sofisticados, definidos como individuos o entidades con experiencia y capacidad para evaluar y asumir riesgos financieros significativos.
Estos bancos se constituyen como sociedades anónimas de capital variable y deben tener un capital social mínimo considerable, inicialmente establecido en $50 millones de dólares estadounidenses.
Los clientes de los bancos privados de inversión deben cumplir con ciertos criterios para ser considerados inversionistas sofisticados, como tener conocimientos financieros avanzados y activos financieros significativos.
Dicha categorización asegura que los clientes comprendan los riesgos asociados con las inversiones que realizan a través de estos bancos.
Los bancos privados de inversión estarán autorizados a realizar una amplia gama de operaciones financieras, incluyendo la gestión de inversiones, la compra y venta de productos financieros, y la administración de riesgos económicos.
Cabe destacar que tales operaciones estarían limitadas exclusivamente a inversionistas sofisticados y deben cumplir con las normativas técnicas emitidas por el Banco Central y supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero.
Debido a la naturaleza de sus operaciones, los bancos privados de inversión están sujetos a una regulación especializada que abarca desde la constitución y operación inicial hasta la gestión de riesgos y la solvencia financiera.
La Superintendencia del Sistema Financiero contarán con un papel crucial en la emisión de normas técnicas que detallan los requisitos específicos que deben cumplir estos bancos para asegurar su estabilidad y la protección de los inversionistas sofisticados.
Los bancos privados de inversión estarían autorizados a utilizar tecnología digital para facilitar sus operaciones, incluyendo la firma electrónica y otros medios digitales para la formalización de contratos.
En caso de aprobarse, la propuesta de reforma entrará en vigencia tras ocho días de haber sido publicada en el Diario Oficial.
