Por: DW
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó el viernes al Estado argentino por su responsabilidad y falta de investigación en el atentado terrorista perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, el cual causó 85 muertes y heridas graves a 151 personas.
«Argentina (es) responsable por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado» y «no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo razonable el atentado y su encubrimiento», señaló la sentencia de la Corte IDH, con sede en San José. La presidenta de la Corte, Nancy Hernández, notificó la sentencia a las partes y explicó que durante el proceso Argentina reconoció su responsabilidad total en este caso.
«El Estado conocía de una situación de riesgo real e inmediata sobre los sitios identificados con la comunidad judía y no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo», asegura el fallo, que establece que el Estado es responsable por violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, al principio de igualdad y no discriminación, al acceso a la justicia y a las garantías judiciales, al acceso a la información, al derecho a conocer la verdad, y a la integridad psíquica y moral de las víctimas y sus familiares.
Reabrir investigaciones
El 18 de julio de 1994, una camioneta-bomba voló el edificio de la sede de la AMIA. El atentado sigue impune hasta hoy. «A casi 30 años, todavía no se tiene claridad sobre lo acontecido, sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación», agrega la sentencia. Argentina ha acusado por el atentado a exdirigentes iraníes, pero nunca logró sentarlos en el banquillo. Se sospecha además que tuvieron una poderosa conexión local, que aún no fue identificada.
«El Estado incurrió en una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la región. Estas faltas a la debida diligencia implicaron, por una parte, un mal manejo del material probatorio y la escena del hecho y, por otra parte, una conducción deficiente del desarrollo de la investigación», explica el fallo.
Los jueces interamericanos ordenaron al Estado «remover todos los obstáculos que mantienen la impunidad total en este caso e iniciar, continuar, impulsar o reabrir las investigaciones que sean necesarias». Argentina también deberá efectuar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, realizar un documental audiovisual sobre los hechos del caso y crear un archivo histórico accesible a todo el público sobre los hechos del atentado, la investigación, su encubrimiento y el rol de las asociaciones de víctimas.
