Ante la emergencia por lluvias en el país, el gobierno busca garantizar la seguridad alimentaria y cuidar el bolsillo de los salvadoreños.
Este martes la Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, activó un amplio operativo de inspección, a escala nacional, en centros de abastecimiento, a fin de verificar los precios de alimentos, como verduras y frutas; uno de los procedimientos que han llevado a cabo en el Mercado de Mayoreo La Tiendona, ubicado en San Salvador.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, y el viceministro y encargado del Despacho de Agricultura, Óscar Domínguez, recorrieron los diferentes puestos del Mercado de Mayoreo La Tiendona para corroborar abastecimiento y costos de los productos.
“Nuestros equipos se han desplazado, desde tempranas horas, a diferentes mercados de nuestro país para poder garantizar las condiciones de abastecimiento y, sobre todo, la estabilidad de los precios de productos tan importantes, como son las frutas y verduras, como también de los granos básicos en medio de esta emergencia”, deijo el titular de la Defensoría.
Salazar enfatizó que no tolerarán ningún tipo de especulación ni de incremento injustificado de costos de los productos esenciales para la alimentación de los salvadoreños; por lo que estas verificaciones serán ejecutadas a lo largo y ancho del territorio. Estas incluyen supermercados, mercados, tiendas de mayoreo y otros establecimientos.
“Es importante señalar que las condiciones de abastecimiento están siendo óptimas, a escala nacional. De igual manera, nuestras fronteras se encuentran con libre flujo; no existe ningún tipo de obstaculización que pudiera generar condiciones de desabastecimiento en el mercado nacional”, sostuvo.
En caso en que sean detectadas alzas injustificadas de precios el funcionario manifestó que se aplicarán las sanciones correspondientes, que pueden derivar en hasta 200 salarios mínimos.
Además, el presidente de la Defensoría informó que como parte de las acciones para evitar este tipo de abusos contra la población ya han sido interpuestas alrededor de 88 multas que superan los $318,000 mil dólares, contra proveedores que han incrementado precios y obstaculizado las labores de la institución.
