Por: Redacción YSKL.
La organización de derechos humanos Cristosal presentó los resultados de la investigación denominada «El Silencio No Es Opción», un estudio sobre la situación del país a dos años de la aplicación del régimen de excepción que ha dejado la detención de más de 80,000 personas por presuntos vínculos con pandillas, según los datos de las autoridades gubernamentales.
El director de Cristosal, Noah Bullock, destacó los factores de incidencia en la población salvadoreña en el marco de aplicación de la medida excepcional para combatir a las estructuras delincuenciales desde marzo de 2022.
“El populismo punitivo se vende bien en los ciclos electorales, pero tiene costos de corto y largo plazo. De mediato quienes pagan los costos son docenes de miles de familias, en su mayoría familias pobres, familias de los inocentes capturados por miles, desaparecidos en centros penales, despojados de sus derechos, sujetos a la tortura y la muerte, a esa altura, vale la pena preguntar ¿Quién en el Salvador no conoce a alguien que ha sido detenido injustamente? Si bien es cierto que en la encuesta de opinión pública la gente expresa sentirse seguro. Sin embargo, en las mismas encuestas demuestra un surgimiento de una mayoría de la población preocupada por la violación de derechos humanos, durante el estado de excepción, y especialmente sus afectaciones a niños y niñas», mencionó Bullock.
Respecto a los datos proporcionados por la entidad en el informe, se menciona que desde el 27 de marzo de 2022 (fecha cuando se decretó el régimen de excepción) hasta el 20 de abril de 2024 (fecha de corte de la investigación de Cristosal) se reportaban 79,211 personas privadas de libertad en centro penitenciarios, de los cuales 1,194 son adolescentes (hasta febrero de este año) y de esta cifra 1,065 ya fueron condenados.
Cristosal ha brindado acompañamiento a personas que han expuesto que las detenciones son presuntamente arbitrarias o ilegales, recibiendo 3,643 denuncias por actos que afectan a 3,789 personas, 84.7 % hombres y 14.9 % mujeres.
La organización de derechos humanos destacó en el estudio que el costo humano en la aplicación del régimen de excepción lo reciben las mujeres por diversos, entre los que se encuentran supuesto acosos por parte de las autoridades de seguridad, vulneración de sus derechos y dificultades para obtener ingresos económicos ya que se convierte en jefas de hogar.
Por otra parte, la jefa de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, Zaira Navas, mencionó que la organización contabiliza la muerte de 261 personas detenidas en los diferentes centros penitenciarios a nivel nacional, sin embargo, no descarta que exista un sub-registro con una cifra mayor de fallecidos en las prisiones.
“Se ha determinado que hasta el mes de abril, Cristosal investigó y determinó que murieron 261 personas adultas y 4 niños y niñas. Por supuesto que la cifra es mayor. Ya tenemos en investigación otras 20 muertes que no logramos sacar y decirles hemos probado estas muertes, pero de seguro hay muchísimas más. Esto prueba el uso de torturas, de tratos crueles inhumanos, que son las que provocan la muerte”, mencionó Navas.
Respecto a la situación en el proceso judicial de los detenidos, estos son procesados en tribunales especiales, en su mayoría bajo la misma imputación por el delito de agrupaciones ilícitas, destacó el jefe de Justicia Transicional de Cristosal, David Morales.
«Tras dos años de vigencia del régimen Cristosal ha podido reconstruir los casos de 1,178 personas que han sido procesadas ante los tribunales y que fueron detenidas bajo el régimen de excepción. El 81% son hombres y el 19% son mujeres. Esta muestra corresponde a personas adultas mayores de 18 años y el perfil es de personas jóvenes, el 86% entre 18 y 41 años. En esta amplia muestra hemos encontrado que los detiene la Policía en el 95% de estos casos y en el 5% militares de la Fuerza Armada. Las personas son detenidas en supuesta flagrancia por el delito de agrupaciones ilícitas en el 100% de los casos de la muestra, estamos hablando del uso del delito de las agrupaciones ilícitas como una imputación masiva”, detalló Morales.
Cristosal indicó que este próximo 12 de julio habrá una reunión entre organizaciones defensoras de derechos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para abordar el tema del régimen de excepción en El Salvador, situación sobre la cual la entidad internacional elabora una investigación propia.
