Por Redacción YSKL
Este jueves, diversas organizaciones sociales se pronunciaron ante las declaraciones de las autoridades del Estado en relación con los presuntos abusos a los derechos humanos expuestos durante una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se instaló el pasado viernes, 12 de julio.
Más de 30 organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca), la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Amnistía Internacional, el Servicio Social Pasionista (SSPAS), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Cristosal, presentaron información detallada sobre los retrocesos en derechos humanos y democracia en El Salvador ante la CIDH en la audiencia virtual “Situación de Derechos Humanos en El Salvador”.
En la sesión, la delegación estatal, liderada por la Ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, y el Comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, negó la existencia de muertes intencionales, torturas y otros abusos en las cárceles bajo el régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022.
La delegación también omitió referirse a las políticas sobre derechos de las mujeres y género, acusando a las organizaciones de utilizar la audiencia con fines políticos.
En contraste, las organizaciones han recopilado casos de muertes y abusos en centros penitenciarios.
Cristosal, en su informe «El silencio no es opción», documentó 265 muertes de personas privadas de libertad, incluyendo cuatro bebés, basándose en entrevistas a familiares y documentos oficiales.
Además, en abril de 2024, siete organizaciones presentaron el informe «El modelo Bukele, seguridad sin derechos humanos», reportando seis casos de torturas en cárceles, 17 muertes intencionales y 58 con sospecha de muerte intencional.
Human Rights Watch (HRW), en su informe “Su hijo no existe aquí”, también registró casos de tortura en menores bajo el régimen de excepción.
El Estado presentó cifras sobre la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra, aunque estos datos no son de acceso público.
En cuanto a los juicios penales, el Estado afirmó avances significativos; sin embargo, organizaciones que apoyan a víctimas reportan que nadie ha sido condenado por crímenes de guerra o de lesa humanidad, y que los perpetradores han sido favorecidos.
En ese sentido, en mayo de 2024, la Asamblea Legislativa archivó la propuesta de Ley de Justicia Transicional, a pesar de un mandato de la Sala de lo Constitucional desde 2016 para legislar en esta materia.
Según el pronunciamiento, el Estado no respondió a preguntas de la CIDH sobre las investigaciones del uso del software Pegasus para espiar a periodistas y sociedad civil, ni sobre la sobrecarga de trabajo de los defensores públicos.
Asimismo, se indicó que el Procurador General dijo que hasta septiembre de 2023, 275 abogados atendieron 60,237 casos del régimen de excepción, con un promedio de 219 casos por defensor, lo que sugiere una sobrecarga que dificulta una defensa adecuada.
Las organizaciones recalcaron que las detenciones masivas y la militarización de la seguridad pública no solucionan los problemas estructurales y no son sostenibles a largo plazo.
También subrayaron que un modelo de seguridad efectivo no puede basarse en la anulación del Estado de Derecho, la concentración del poder en el Ejecutivo y la sustitución de la violencia criminal por la violencia estatal.
